• La CNMC investiga la sede de algunas de las grandes empresas de publicidad por la sospecha de haber alcanzado acuerdos anticompetitivos
  • Competencia analiza ahora la información y documentación requisada en los registros realizados en las sedes de las firmas

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha iniciado una investigación que tiene por protagonistas a las principales agencias de medios españolas ante un posible engaño al Estado. Y es que, según informa el diario El Mundo, un total de cinco compañías del sector podrían haber pactado las ofertas que iban a realizar a la administración para optar a una jugosa campaña de publicidad institucional, con anuncios de televisión, radio y prensa. La cantidad de este concurso publicitario era de 88 millones de euros -sin IVA- durante dos años prorrogables.

Según publica Voz Populi, que ha tenido acceso al auto del juez, las compañías inspeccionadas por el regulador son Media Sapiens Spain, Carat España, Media by Design, Persuade Comunicación y Optimedia. No obstante, las pesquisas todavía están en su fase inicial y hay que comprobar si fueron las cinco empresas las que pactaron precios o alguna se negó a hacerlo. En todo caso, los investigadores sí que han entrado ya -con las correspondientes órdenes de registro- en varias de las agencias, de donde se han llevado documentación en papel y soportes informáticos. Ahora queda la fase de analizar lo requisado para comprobar si las sospechas son ciertas.

Lo cierto es que el tema de las agencias lleva sobre la mesa bastante tiempo. En marzo de 2014, la CNMC ya advirtió al Gobierno de los posibles problemas que se podían derivar de las condiciones que regulaban la entrada a los concursos de adjudicación de publicidad institucional. Entre ellos, criticaba la restricción a las compañías que no facturasen 600.000 euros anuales, lo que no permite el acceso a pequeñas y medianas empresas (tejido empresarial mayoritario en España), así, como el hecho de limitar el número de adjudicatarios seleccionados a cinco, (algo que no ayuda a evitar precisamente esta suerte de cárteles publicitarios y de pactos a cinco). Competencia tampoco veía bien la duración de los contratos, ya que al ser de dos años prorrogables hasta un máximo de cinco años y medio quedaban más que patentes los problemas para la entrada de nuevos operadores.