El inboud marketing, la neuropolítica y el Big data aplicado a las campañas electorales está al orden del día en la planificación de las campañas electorales. Pero ojo con las fuentes de información para afinar al electorado. Recabar opiniones políticas de Internet para tácticas partidistas puede acarrear sanciones de hasta 20 millones de euros.

El Tribunal Constitucional (TC) establece que las opiniones, aunque sean vertidas en medios sociales,  son “datos personales sensibles cuya necesidad de protección es superior a la de otros datos personales”. Por este motivo, el pasado mayo anuló por inconstitucional el artículo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que permitía a las formaciones recopilar datos sobre las opiniones políticas de los ciudadanos en el marco de sus actividades electorales.

El tribunal de garantías entendió que vulneraba tanto el derecho a la libertad ideológica como a la protección de datos personales, la libertad de expresión y el derecho de participación política. La decisión no llegó a tiempo, sin embargo, para las campañas electorales de las generales del pasado 28 de abril y las europeas, autonómicas y locales que se celebraron el 26 de mayo.

Sobre si existe un riesgo real de que los partidos políticos incumplan la sentencia del Constitucional y recopilen datos sobre opiniones políticas de los ciudadanos en Internet durante esta campaña, el experto García Herrero ha aclarado a EuropaPress que “en realidad no necesitan hacerlo” y argumenta que “basta con que contraten los servicios de una plataforma como Facebook para conseguir enviar mensajes personalizados a los votantes que más les interese, como los indecisos“.

Eso nos llevaría a preguntarnos sobre si Facebook informa adecuadamente a sus usuarios de todo lo que hace con sus datos, lo que infiere y lo que comparte pero todo esto excede la pregunta”, plantea el abogado especialista en protección de datos.

De este modo, García Herrero recuerda a las formaciones políticas que “los datos hechos públicos siguen estando protegidos por la normativa”. “Si a algún partido se le ocurriera (pongo por caso) enviar mensajes personalizados o segmentados, deberá suministrar a los votantes información adecuada que explique por qué están recibiendo un mensaje en particular, quién es responsable del mismo y cómo pueden ejercer sus derechos en este ámbito“, subraya.

En relación con el derecho a oponerse al envío de ‘spam’ electoral, Jorge García Herrero hace hincapié en que, “llegado el caso, es muy probable que resulte ilusorio”. “Cuando se han dado, estas campañas se concentran en los últimos días u horas de campaña. Por ello, el partido habitualmente podrá alegar que no tenía margen de maniobra para gestionar el ejercicio del derecho”, argumenta el letrado, uno de los impulsores de la ‘Lista Viernes’, una página web gratuita similar a la ‘Lista Robinson’ en la que los ciudadanos pueden inscribirse de forma anónima y manifestar su oposición al ‘spam’ electoral de los partidos políticos por correo electrónico y teléfono.