• El gasto de esta partida se incrementa muy levemente respecto al año anterior y queda lejos de los 21,33 millones de euros de 2008
  • El Departamento de Presidencia y Justicia concentra cerca de dos terceras partes de la inversión, con 2,13 millones de euros

El Gobierno de Aragón mantiene la inversión en publicidad institucional. Según se recoge en los datos incluidos en el portal Transparencia Aragón (en el que los ciudadanos pueden acceder de forma sencilla a información sobre los asuntos públicos, entre ellos, el dinero destinado a este tipo de acciones), el Ejecutivo autonómico ha destinado 3,3 millones de euros a campañas de publicidad institucional en 2015. El Departamento de Presidencia y Justicia ha sido el que ha concentrado la mayor inversión en este capítulo, con más de dos millones de euros.

El gasto destinado a esta partida en 2015 es similar al que se ha invertido en los últimos tres años. De hecho, registra una leve subida, ya que ha pasado de los 3,29 millones de euros de 2014 a 3,30 en 2015. Estas cifras están muy alejadas de la inversión que realizó el Gobierno de Aragón en campañas de publicidad institucional en 2008, coincidiendo con la celebración de la Exposición Internacional, y que superó los 21 millones de euros.

por años

En cuanto al peso de la inversión en campañas institucionales, destaca el Departamento de Presidencia y Justicia, que concentra el 64,7% del gasto en esta materia, con un total de 2,13 millones de euros. Le sigue el Departamento de Economía y Empleo, con un gasto de 583.939 euros (17,7% del total). El resto de la inversión se reparte entre Industria e Innovación (204.165 euros), Presidencia del Gobierno (124.087 euros), Educación, Universidad, Cultura y Deporte (97.411euros), Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (62.033 euros), Bienestar Social y Familia (54.984 euros), Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte (22.235 euros).

campañas por departamentos

El objetivo de la publicidad institucional no es comercial, sino el de proporcionar a los ciudadanos una adecuada información sobre sus derechos y obligaciones legales; sobre la existencia, composición y funcionamiento de las instituciones públicas y sus actividades, proyectos y servicios, así como promover valores sociales de carácter comunitario.