Las políticas de transparencia han nacido en España tarde: hemos sido el último país europeo de más de un millón de habitantes en aprobar legislación específica sobre transparencia. Surgen en un contexto de crisis económica y desafección hacia la política, como consecuencia de algunos sonados casos de corrupción. Los sucesivos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas reflejan como principales problemas ciudadanos la corrupción y el fraude, solo por detrás del paro. Esta percepción social es políticamente insostenible, ya que mina la credibilidad del propio sistema democrático y de partidos. En esta coyuntura, la transparencia se pretende elevar en un pedestal como solución y antídoto a todos los males de la gestión pública.

La transparencia es imprescindible, sí, pero no es un fin en sí mismo, ni siquiera un factor suficiente para la confianza, la credibilidad o una adecuada gobernanza. Una institución puede ser meridianamente transparente pero inoperante y falta de resultados. La política es liderazgo, imaginación, trabajo, capacidad de anticipación, roce, liturgia, sexto sentido, olfato, empatía, valentía, respeto, sentido común y gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos… con transparencia, por supuesto. Por eso es tan complicada, sacrificada y poco reconocida la política.

Las políticas públicas de transparencia se plasman tanto en normativa estatal (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que entró plenamente en vigor este diciembre) como en las legislaciones autonómicas. En Aragón, la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, suscitó un poco habitual consenso parlamentario. Entró parcialmente en vigor el pasado 10 de julio, y de forma ya total este 10 de enero.

La participación ciudadana, el derecho de acceso a la información, la publicidad activa, el buen gobierno o el open data son ejes de actuación de esta acción transversal. Afecta no sólo a las instituciones (Administración General del Estado, comunidades autónomas y todas las entidades locales, sea cual sea su tamaño), sino también a otros actores como partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, iglesias y entidades privadas, según el umbral de ayudas públicas percibidas.

En el Gobierno de Aragón, la competencia de las políticas de transparencia y participación recaen en el recién creado Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Además, en cada departamento debe configurarse una Unidad de Transparencia. La ley aragonesa va un paso más allá que otras normativas en el derecho de acceso a la información: cualquier persona mayor de 14 años, tanto a título individual como en representación de personas jurídicas, tiene derecho a acceder mediante solicitud –incluso telefónica- a la información pública, sin necesidad de motivar la petición. La ley aragonesa es también muy exigente en los plazos: en diez días, las administraciones deben acusar recibo de la solicitud, y en el plazo de un mes debe aportar la información solicitada, salvo que existan causas justificadas –que la ley fija- que lo impidan.

La adecuada gestión de la información para la transparencia es sin duda un gran reto, sobre todo para las pequeñas entidades locales, tan escasas de recursos: uno de cada tres ayuntamientos aragoneses no dispone siquiera de web. Para ayudarles a cumplir con sus obligaciones, el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón pondrá la herramienta técnica a disposición de los consistorios y de las organizaciones no gubernamentales, con el fin de que puedan volcar allí toda la información que las leyes exigen en “publicidad activa” sobre organización, presupuestos, contratos, retribuciones, subvenciones…

Este reto conlleva también una oportunidad para los profesionales de la comunicación y la información, mediante un nuevo nicho laboral de gestión y consultoría de transparencia. Asociaciones como ACREDITRA han puesto en marcha sistemas de homologación para reconocer estas funciones de consultoría. La labor investigadora de universidades como la San Jorge, que participa en el proyecto InfoParticipa, o de organizaciones como Transparencia Internacional España, también sirve para visibilizar y dotar de metodología la evaluación del cumplimiento de las políticas de transparencia.

Habrá que ver el grado de cumplimiento de la normativa de transparencia y sus avances, no sólo en el ámbito de las administraciones, sino también de sindicatos, asociaciones, federaciones, fundaciones… y si los ciudadanos ejercen su derecho a la transparencia y acceso a la información pública, desplegando todas las posibilidades que la normativa ofrece, o simplemente se quedan en la protesta… Queda mucho camino por recorrer, pero las leyes y los tiempos exigen emprenderlo con dedicación y profesionalidad.