La decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, Eva Navarrete, y el secretario general, José Barrera, se han reunido este jueves con la viceconsejera de Educación y Deportes, Marta Escrivá, en un encuentro que ha permitido abordar las dificultades que las personas licenciadas o graduadas en Periodismo están encontrando al intentar dar clases de lengua y literatura en los centros concertados y privados y al tratar de acceder a las convocatorias de las bolsas extraordinarias en la educación pública.

Escrivá, que estuvo acompañada por el nuevo director general de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, Juan Carlos Aunión, apoyó firmemente las demandas del colectivo durante la pasada legislatura, en su calidad de parlamentaria por el Grupo Ciudadanos, y conoce por tanto la problemática a la que se enfrentan los periodistas docentes y los pasos que se están dando por el Colegio para resolverla.

Además de explicarle el estado de las gestiones que desde la corporación colegial se están llevando a cabo con el Ministerio para forzar la modificación de la normativa estatal que regula la docencia en centros privados y concertados, –y que se han visto paralizadas por la convocatoria electoral–, Navarrete reiteró también la necesidad de que se equiparen las condiciones para todos los territorios y pidió a la viceconsejera que eleve la cuestión al Consejo Escolar estatal, al propio Ministerio y a la conferencia sectorial de Educación, a fin de unificar los criterios y evitar así desigualdades como las que se están produciendo y que están perjudicando especialmente a los periodistas en Andalucía.

Por su parte, Escrivá y Aunión explicaron las dificultades técnicas que implican los cambios en la orden  de 2018 que regula el acceso a las bolsas extraordinarias, al ser una decisión de la que participan de manera decisiva los sindicatos de la mesa sectorial (UGT, Comisiones Obreras, CSIF, USTEA y ANPE), al tiempo que insistieron en el escaso impacto de estas bolsas extraordinarias toda vez que el próximo año se celebrarán oposiciones.

Respecto al acceso a la docencia mediante las convocatorias ordinarias, el Colegio denuncia que algunas universidades no andaluzas, por el momento, están impidiendo el acceso al MAES a quienes proceden del Grado o Licenciatura en Periodismo, un hecho muy grave si se entiende que el Máster es indispensable para poder impartir clases en la educación pública. Además, desde el Colegio se recuerda que participar en las bolsas extraordinarias significa la oportunidad de sumar puntos de cara justamente a esas futuras convocatorias públicas.

Por su parte, la corporación andaluza informó que está a la espera de conocer cómo se resolverá, por ejemplo, la convocatoria prevista en Galicia en la que se ha dado un plazo de dos semanas para realizar alegaciones o sugerencias, al contrario de lo que sucedió en Andalucía donde no se consultó ni al Colegio ni a las Universidades que imparten estas titulaciones.

Por cuanto a la situación de quienes vienen impartiendo docencia en centros privados y concertados, se mantiene el compromiso de la anterior titular de forma que quienes continúen impartiendo clases de forma ininterrumpida en el mismo centro desde antes de 2015, podrán seguir ejerciendo, al amparo de lo previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto 860/2010 de 2 de julio.

Nuevas competencias mediáticas

La reunión sirvió también para tratar otra de las demandas recogidas en el documento de 18 medidas presentado por el Colegio para mejorar las condiciones sociolaborales de los profesionales, en lo que afecta al ámbito educativo y de formación. Así, se trasladó  la necesidad de incorporar a la estructura docente de la educación primaria, secundaria y de bachillerato una asignatura específica sobre el acceso a la información, periodismo y otros medios sociales de información y comunicación, que tenga como objetivo la enseñanza del uso responsable y seguro de los medios y redes sociales así como la utilización adecuada de los recursos informativos disponibles en Internet.

Todo ello en la línea del Informe elaborado por el Grupo de Alto Nivel para la Comisión sobre Desinformación presentado en 2018. La viceconsejera se comprometió a estudiar la posibilidad de dar respuesta a esta petición que estimó además muy oportuna, dentro de las opciones que le permitan sus competencias.