Ya tenemos Ley de Integridad y Ética Públicas en Aragón. El pleno de las Cortes autonómicas la aprobó el 1 de junio. Se trata de un texto legal remitido por el Gobierno de Aragón en el recorrido por dotar a la Comunidad de un armazón jurídico sólido para una mejor gobernanza.

Este sendero cobró fuerza con la Ley de 8/2015, de 25 de marzo, de transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón. Fue la ley más consensuada de la anterior legislatura, junto con la Ley de Aguas y Ríos de Aragón.

La nueva normativa, aunque con críticas en el debate de aprobación, ha sido trabajada en la ponencia durante meses, en los que se ha ido enriqueciendo con las enmiendas acordadas entre los grupos parlamentarios. El objetivo: dotar de una herramienta legal global, no fraccionada por sectores de la actividad pública.

Uno de los aspectos de la nueva es la regulación de los lobbies y lobistas, mediante un registro público, que dependerá de las Cortes de Aragón. Bien está regular el ejercicio de una profesión tan sencilla y compleja como los asuntos públicos. Cuanta más luz y más taquígrafos, y cuanto mejor conocimiento haya de qué es en realidad este trabajo, mejor para todos, porque conseguiremos superar los dibujos mal definidos de las caricaturas y estereotipos.

Merece reconocimiento cualquier progreso hacia la profesionalización, visibilidad y normalidad en los asuntos públicos. El registro público de lobbies y lobistas no es un fin en sí mismo: como cualquier instrumento, ha de permitir aportar más claridad, saber quién hace qué, mejorar la trazabilidad de la legislación autonómica, pero no quedarse en la mera inscripción.

A fin de cuentas, la comunicación y los asuntos públicos o son éticos o no son tales prácticas. Serán otras. Y se llamarán de forma distinta. Pero no serán en puridad prácticas profesionales, regladas, limpias, necesarias, tan antiguas como la humanidad: las de intentar influir legítimamente en otros para el beneficio (también legítimo) de un cliente, aportando para ello la información, el contexto, la oportunidad y el marco del relato que más interese.

Otro aspecto destacadísimo de la nueva ley es la creación de una Agencia de Integridad y Ética Públicas, ente público que dependerá de las Cortes de Aragón. Sus funciones serán la promoción y garantía de la integridad y la ética públicas, la investigación y evaluación de políticas públicas, y todo lo relativo a códigos de conducta y estatuto de empleados públicos, incluyendo un nuevo estatuto del denunciante, al que se otorga una protección basada en la confidencialidad.

Habrá que ver las formas, intenciones, estructuras, nombramientos, estilo y efectividad de esta futura Agencia: si se convierte en una especie de comisión de investigación permanente, al albur de la sensibilidad ideológica revisionista que en cada momento gobierne, para perjudicar la imagen de quienes les hayan precedido, o si por el contrario tiene miras más amplias y saludables. Aportaremos el beneficio de la duda, aunque la duda sea a priori cuanto menos razonable.