Juan Francés escribió un libro muy recomendable: “¡Que vienen los lobbies!”. Con conocimiento de causa, cercanía y frescura, el autor habla del casi siempre poco glamoroso y poco temible trabajo profesional de los asuntos públicos, las relaciones públicas, el lobi, la legítima defensa de intereses particulares -también legítimos- ante los poderes, generalmente administraciones o representantes públicos.

Los asuntos públicos son un cometido necesariamente discreto, que hace llegar la visión de una parte sobre un proceso de formación de opinión mucho más amplio de los decisores públicos. Un caso muy habitual sería la elaboración o modificación de una normativa que afecta –para bien o para mal- a un sector, a una industria o a un colectivo determinado.

No hay –o no debería haber- lobis buenos y lobis malos, sino simplemente lobistas, expertos en asuntos públicos, que hacen bien y de manera ética y profesional su trabajo, en beneficio de una causa específica. Hay cierto apriorismo simplón que da por buenas determinadas causas… si coinciden con los intereses o perspectiva de quien opina; y que, por el contrario, repudia posicionamientos si van teñidos de una concepción o ideología distinta, por legítimos que sean. Queda un largo trecho por recorrer para normalizar nuestra todavía joven democracia y, a fin de cuentas, aceptar la discrepancia, la visión del contrario, es algo que llevamos muy mal ya desde que somos niños.

Los asuntos públicos ayudan a integrar visiones, comprender una realidad plural llena de matices, sin blancos ni negros, con muchos grises y tonalidades en un arco iris que casi nunca sabemos con certeza dónde empieza y dónde acaba, y qué vidas afecta. Las visiones críticas dicen que los asuntos públicos refuerzan la posición y la influencia de quienes tienen medios, de los poderosos, respecto a quienes no lo son: sí, seamos sinceros, eso también es cierto. Quien no tiene recursos tiene muchas más dificultades y requiere más esfuerzo y más imaginación para hacer oír su voz, pues no sabe ni siquiera dónde será escuchada o, en lo peor de los casos, ha caído en el pozo de creer que su voz es ya inaudible.

Pero, por altisonante que sea el altavoz de determinado grupo de interés, siempre será responsabilidad de los poderes públicos sopesar el interés general, lo que beneficia más a la mayoría sin perjudicar a la minoría, en un estado de derecho felizmente garantista como el nuestro.

La literatura suele citar como primeros lobis a los movimientos obreros, a las sufragistas o a los defensores de la independencia de las colonias americanas… Lobis, más o menos estructurados, los ha habido siempre. Los hay de todos los sectores e ideologías. Pero el gran salto cualitativo, en el que ahora estamos inmersos, es su plena normalización profesional, su visibilidad, como unos actores más de la cosa pública, con sus códigos deontológicos, asociaciones y centros formativos donde se imparte, se reflexiona y se investiga, con procedimiento y rigor.

El recién aprobado proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública, remitido por el Gobierno de Aragón a las Cortes autonómicas, introduce como novedad muy significativa: la regulación de los lobis. Prevé un registro público de lobistas, dependiente de una Agencia de Integridad y Ética Públicas, que fijará unas exigencias concretas de transparencia y de cumplimiento ético tanto a los profesionales de los asuntos públicos como a las autoridades y cargos con los que se relacionen. Los lobis están aquí. Siempre han estado. Pero ahora se verán, para que no asusten a nadie, en beneficio de todos.