Cualquier manual de crisis de una organización diría que, si un directivo o compañero se ve inmerso en un proceso judicial, se reaccione al menos con los siguientes ingredientes: declarar el más absoluto respeto y confianza en la justicia, ofrecer toda la colaboración para esclarecer los extremos investigados, apelar al derecho de presunción de justicia, y aprovechar para recordar los altos valores que guían el camino colectivo de la organización afectada. Es decir: hay que tomar la iniciativa, salir a la palestra, coger el toro por los cuernos, y mostrar humildad, colaboración y mucha prudencia.

Algunos de estos ingredientes, que por conocidos y repetidos parecen obvios, se llevaban a rajatabla especialmente en ámbitos institucionales y políticos: sobre todo, el del respeto a la justicia. Nadie podría poner la mano en el fuego -sin temor a quemarse- en los albores de una crisis donde, por definición, siempre hay desconcierto, miedo y falta de seguridad ante una información urgente e incompleta de qué está sucediendo.

Ahora bien: en los últimos meses y semanas, asistimos a arriesgadas declaraciones que se saltan esta prudente y recomendable norma de, ante todo, mostrar respeto y confianza en la justicia. Resulta impactante ver líderes políticos que tuitean en apoyo de correligionarios que ingresan en prisión, declaraciones que justifican o matizan los presuntos delitos cometidos, o manifestaciones en apoyo de cargos electos que se enfrentan a juicios por lo penal.

Mucho más allá del calor humano que como compañeros cabe comprender y respetar, se agrade el obligado respeto a la justicia y, con ello, se lima un pilar de las reglas de juego del estado de derecho, al que cualquier líder político está sometido. Presuntamente.