Con las negociaciones para conformar un posible nuevo gobierno español, resurge el debate sobre la reforma electoral, cuestión que aparece a menudo en los programas de los diversos partidos, pero que no suele traducirse en realidades. Hay mucha tela que cortar en cuanto a cómo podría modificarse el sistema por el que los ciudadanos y ciudadanas elegimos a quienes nos representan en democracia. Ningún cambio es inocente ni inocuo.

Como elementos más destacados del sistema electoral, aparecen dos características: la magnitud de la circunscripción y la forma de candidatura. En cuanto al tamaño, la magnitud, oscila entre la elección de un solo escaño para Ceuta y Melilla, a un mínimo fijo de dos para el resto de provincias, más los 248 restantes, asignados en virtud de la población.

En cuanto a la forma de candidatura y de votación, en el Congreso tenemos la controvertida lista cerrada y bloqueada, que alimenta el poder de los partidos, mientras que en el Senado –no hay que olvidarlo- existe ya la lista abierta y desbloqueada, donde cada votante puede optar por los candidatos que desea, incluso de partidos distintos. Existe una barrera legal: si no se llega al 3 por ciento de votos en la circunscripción, no se accede a escaño.

En cuanto a la fórmula electoral, la Ley d’Hondt vigente tiene también sus defensores y detractores. Beneficia al partido más votado y, en menor lugar, al segundo. Suele perjudicar al resto, salvo en partidos con votos muy concentrados en territorios, como los partidos nacionalistas catalanes, vascos y canarios. Los partidos de ámbito estatal, con apoyos significativos, pero territorialmente no concentrados, son los peor parados.

Se suele criticar la actual baja proporcionalidad de la relación voto-escaño y de escaño-población. El modelo tiene el efecto que se buscaba en la Transición: un sistema mayoritario, que aporte estabilidad parlamentaria con grandes bloques. Y por qué no decirlo: las opciones conservadoras del momento, como UCD, también buscaron sobrerrepresentar el voto del medio rural en detrimento del de mayores poblaciones, donde se estima mayor peso industrial y, según esa hipótesis, más progresista.

Como posibles cambios en el sistema electoral, se alude a aumentar el número de escaños al máximo reconocido por la Constitución (400, en lugar de 350), y asignar esta diferencia o bien directamente a circunscripciones o bien a los restos, es decir, a los votos que no se han traducido en escaños a nivel nacional, conformando una especie de bolsa común de restos.

En este sentido, en el Principado de Asturias están avanzando hacia un nuevo sistema electoral autonómico, cuyas innovaciones serían pioneras en España, al introducir el “voto preferencial”, mediante el que los electores podrían optar entre un determinado número de candidatos dentro de la candidatura que presente un partido político. Pero, además, la propuesta asturiana introduce una asignación de escaños mediante de ámbito mixto: uno el de las actuales circunscripciones y otro como distrito único para todo Asturias.

Cambiar la Ley d’Hondt por otra fórmula de efectos más proporcionales, o reducir de dos a uno el número de diputados inicialmente asignados a cada circunscripción, son otras recetas a menudo propuestas. El sistema de hegemonía bipartidista ha ido dejando paso, en las últimas elecciones, a cierto multipartidismo, donde cuatro formaciones tienen pesos más relevantes. Veremos cómo se traduce esta nueva circunstancia en la siempre compleja negociación de una posible reforma electoral, y si avanza hacia el sistema mixto, a la apertura y desbloqueo de listas al Congreso, o a un cambio de circunscripciones: ¿por qué no autonómica en lugar de provincial?