En las escaramuzas dialécticas para conformar gobierno en España, casi parece raro que no haya saltado a primera plana la recurrente y a menudo populista idea de suprimir el Senado. Ciudadanos, Podemos y UPyD, con mayor o menor claridad, lo habían planteado en los meses previos a las elecciones.

El “Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso”, firmado por PSOE y Ciudadanos, remite a una futura reforma de la Constitución, para incluir allí una eventual “modificación de la composición y funciones del Senado”. En paralelo, se incluye la modificación del reglamento de esta cámara, y algunas alusiones más, como establecer la dedicación exclusiva de los diputados y senadores o la supresión de su aforamiento.

No es cuestión menor que se haya reconducido un debate, abocado como casi siempre a los extremos: al todo o nada, a la erradicación fulminante o al mantenimiento tal cual está. Ni seguramente el Senado debe permanecer inalterado ni es justa la crítica a su escasa labor. Doy fe que los senadores y senadores trabajan mucho, muchísimo, como todo hijo de vecino.

El Senado es necesario, por supuesto, como máxima cámara de representación territorial, sobre todo para defender las necesidades de una comunidad como Aragón, que por su baja población, siempre tendría las de perder en una cámara como el Congreso de los Diputados, cuya representación va en virtud del número de habitantes. En el caso del Senado, aunque también se valora la población de  cada comunidad, se parte de unas premisas más igualitarias entre autonomías.

Si se reforma la Constitución y el Senado, debería aprovecharse para reivindicar su papel en el estado descentralizado que es España. El sistema autonómico (que, de facto, es casi un sistema federal) debería estar mejor plasmado en los órganos de ámbito nacional, como el Senado: no es coherente y no basta con descentralizar si los órganos comunes siguen premiando una visión centralista.

Esta Cámara Alta debería estar llamada a canalizar los asuntos de índole territorial, aquellos que afectan a las competencias autonómicas, a su financiación; pero no solo como cámara de segunda lectura, supeditada a la decisión última del Congreso, sino como asamblea de única lectura.

Su representación podría ir pareja a los resultados de las elecciones autonómicas, de forma que, cuando se modificasen las Cortes de Aragón, se cambiase también la designación de senadores. El actual esquema por el que dos de los senadores son nombrados por el Parlamento de Aragón podría ser solo un primer paso para que el Senado sea, tal cual, el reflejo de las voluntades autonómicas, mediante voto directo de la ciudadanía.

El Senado puede ser un foro permanente de comunidades, para su relación entre ellas y con el conjunto, pues la suma es el Estado y no otra cosa. Y la Administración General, el Gobierno de España, debe acostumbrarse a pensar que esta suma de autonomías es su verdadera realidad, y olvidar la vieja concepción estatal como ente superior, que tutela o ningunea a las partes. Ya lo decía el juramento de las Cortes al Rey aragonés: nos, que juntos somos más que vos. Veremos si el debate de la reforma constitucional se llega a iniciar y, si es así, hacia dónde avanza en el eterno dilema de la descentralización.