• El documento está a disposición de cualquiera en la web del Gobierno de Aragón, iniciándose así los trámites de información pública y audiencia a los interesados
  • La propuesta legal consta de seis artículos y seis disposiciones, ya que los aspectos básicos están fijados en la de Colegios Profesionales de Aragón de 1998

El Gobierno de Aragón ha dado a conocer en su web el anteproyecto de la ley de creación del Colegio Profesional de Periodistas de Aragón, iniciando así los trámites de información pública y audiencia a los interesados. Tras esta fase, y emitidos varios informes del Departamento de Presidencia, el texto volverá al Consejo de Gobierno para aprobarlo como proyecto de ley y remitirlo a las Cortes de Aragón para su debate, presentación de enmiendas y aprobación final, si bien el objetivo es que el texto final sea el ahora presentado.

La propuesta legal apenas consta de seis artículos y seis disposiciones, ya que los aspectos básicos están fijados en la ley 2/1998, de Colegios Profesionales de Aragón, y solo se fijan especificidades como la titulación exigible para quienes -siempre de forma voluntaria- quieran inscribirse. Así, se pide una licenciatura, grado o máster en Periodismo o Comunicación Audiovisual, si bien se añaden los miembros de la Asociación de Periodistas de Aragón (APA) que ya figuren inscritos en el registro profesional de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Por otro lado, en la exposición de motivos también se explica el interés público que justifica crear este colegio profesional, que lógicamente remite al artículo 20 de la Constitución, sobre el derecho a comunicar información veraz, y la necesidad de promover el ejercicio digno de la profesión y aspectos como la protección del honor y la intimidad y a la propia imagen, los códigos deontológicos o el secreto profesional para defender “un mejor servicio a la ciudadanía en general y en un mayor nivel de exigencia de competencia y de calidad en el desempeño del trabajo por parte de los profesionales”.

Más peso y posibilidades para defender las posiciones de los informadores

El aspecto de atender “a finalidades de interés público”, es la clave que permite crear un colegio profesional, que, legalmente, es una corporación de derecho público que colabora con las Administraciones y que incluso puede ejercer, por delegación, sus funciones. Este carácter dará al Colegio de Periodistas de Aragón más peso y posibilidades para llevar la voz de los informadores en materias como la presencia de periodistas en las Administraciones Públicas, la regulación de las condiciones laborales, la colaboración con las universidades en la programación de sus estudios, la promoción de buenas prácticas y criterios éticos…

Así, la citada Ley de Colegios Profesionales de Aragón dispone entre los fines esenciales de estos organismos: ordenar el ejercicio de la actividad profesional, representar los intereses generales de la actividad en sus relaciones con la Administración o velar por la ética de los colegiados y defender sus intereses profesionales. Por su parte, el artículo 18 cita funciones como evitar el intrusismo profesional, informar en los proyectos de normas autonómicas que les afecten, establecer baremos de honorarios orientativos, organizar cursos acreditados y reconocidos por la comunidad autónoma…

Finalmente, de cara a la puesta en marcha del colegio, se dispone en el anteproyecto que la Asociación de Periodistas de Aragón designará una comisión gestora como órgano de gobierno provisional que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley, redactará los estatutos provisionales y convocará la asamblea constituyente para aprobar los estatutos definitivos y elegir a los miembros de sus órganos de gobierno.

La creación de este órgano es, desde 2013, uno de los principales objetivos de la actual Junta de la APA, que preside José Luis Trasobares. No obstante, los primeros pasos se dieron ya en 2007. Actualmente ya se han constituido colegios profesionales de periodistas en Andalucía, Asturias, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Murcia, País Vasco y La Rioja, y están en vías los de Cantabria y Navarra. Todos ellos trabajan en común, mientras se desarrolla un Consejo General de Periodistas de España, y con la FAPE en defensa de iniciativas como que la titulación universitaria específica sea obligatoria en los gabinetes de comunicación públicos.