35 medios, 150 periodistas. Estos son los profesionales acreditados para el primer juicio mediático del año. Una expectación mediática que ha dado lugar a que los padres de Gabriel hayan solicitado amparo «ante las amenazas que la cita judicial» comporta para sus derechos fundamentales como «víctimas de delitos violentos», así como «respeto» a la «memoria» del menor, y de «la intimidad, el honor e integridad de su familia».
Con el tratamiento informativo del niño Julen en el memoria reciente, el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Fundación Europea por las personas desaparecidas QSD Global, han solicitado que se «eviten» informaciones relativas a los informes forenses de su hijo «que puedan dañar su imagen y ocasionar un dolor enorme a su seres queridos», así como un uso «responsable» de esta. Patricia Ramírez y Ángel Cruz han pedido, asimismo, que no haya «interferencias» que pudieran «cuestionar que se trata de un juicio justo y con todas las garantías».
A puerta cerrada
En la vía judicial esto se plasmó el pasado viernes en un auto notificado a las partes por la magistrada Alejandra Dodero en el que acordaba que la declaración testifical de los padres, prevista para este martes, se celebre a puerta cerrada, una medida que ha extensiva a la declaración de la abuela paterna de Gabriel y una prima del niño, así como a la prueba pericial forense que está señalada para el día 16 de septiembre.
Un informe del SAVA ha sido decisivo en la resolución adoptada por el tribunal, a petición del Ministerio Público y de la acusación particular, ya que este advierte del estado de «victimización secundaria» de los progenitores de Gabriel Cruz por, entre otras causas, el «uso desmedido de la mediatización del caso» y remarca que se ha generado «un estado crónico de temor al daño psicológico irreparable en la familia».
Añade que el hecho de que el juicio sea público y «grabado» generaría «una profusión de noticias, programas e impactos que darían lugar a un contexto tan terrible como innecesario de evocación del trauma».
Los técnicos del SAVA apuntan, también, a que la «victimización secundaria sufrida» por Ángel Cruz y Patricia Ramírez «se vera sin duda agravada si se hacen públicos los detalles de la autopsia, los contenidos de los informes psiquiátricos y psicológicos o los detalles acerca de cómo se produjo la muerte del menor». «Indica el SAVA que hay detalles de la autopsia que los familiares del niño desconocen y que los informes psicológicos de los padres contienen información delicada», concluye la magistrada.
