150 periodistas acreditados para el juicio del niño Gabriel

35 medios, 150 periodistas. Estos son los profesionales acreditados para el primer juicio mediático del año. Una expectación mediática que ha dado lugar a que los padres de Gabriel hayan solicitado amparo «ante las amenazas que la cita judicial» comporta para sus derechos fundamentales como «víctimas de delitos violentos», así como «respeto» a la «memoria» del menor, y de «la intimidad, el honor e integridad de su familia».

Con el tratamiento informativo del niño Julen en el memoria reciente,  el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Fundación Europea por las personas desaparecidas QSD Global, han solicitado que se «eviten» informaciones relativas a los informes forenses de su hijo «que puedan dañar su imagen y ocasionar un dolor enorme a su seres queridos», así como un uso «responsable» de esta. Patricia Ramírez y Ángel Cruz han pedido, asimismo, que no haya «interferencias» que pudieran «cuestionar que se trata de un juicio justo y con todas las garantías».

A puerta cerrada

En la vía judicial esto se plasmó el pasado viernes en un auto notificado a las partes por la magistrada Alejandra Dodero en el que acordaba que la declaración testifical de los padres, prevista para este martes, se celebre a puerta cerrada, una medida que ha extensiva a la declaración de la abuela paterna de Gabriel y una prima del niño, así como a la prueba pericial forense que está señalada para el día 16 de septiembre.
Un informe del SAVA ha sido decisivo en la resolución adoptada por el tribunal, a petición del Ministerio Público y de la acusación particular, ya que este advierte del estado de «victimización secundaria» de los progenitores de Gabriel Cruz por, entre otras causas, el «uso desmedido de la mediatización del caso» y remarca que se ha generado «un estado crónico de temor al daño psicológico irreparable en la familia».
Añade que el hecho de que el juicio sea público y «grabado» generaría «una profusión de noticias, programas e impactos que darían lugar a un contexto tan terrible como innecesario de evocación del trauma».
Los técnicos del SAVA apuntan, también, a que la «victimización secundaria sufrida» por Ángel Cruz y Patricia Ramírez «se vera sin duda agravada si se hacen públicos los detalles de la autopsia, los contenidos de los informes psiquiátricos y psicológicos o los detalles acerca de cómo se produjo la muerte del menor». «Indica el SAVA que hay detalles de la autopsia que los familiares del niño desconocen y que los informes psicológicos de los padres contienen información delicada», concluye la magistrada.

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