En un extenso comunicado las asociaciones APAC, APROAV, AEPEA, AGATEC, ANITEC, CLÚSTER AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, AAI, AFIAL, AESAV y UEPEMUR han hecho público un posicionamiento para pedir al Gobierno «más rigor y compromiso» con el sector audiovisual e industrias de eventos.
El conjunto de estas asociaciones representa a más de 500 pequeñas y medianas empresas afiliadas, que juntamente con otros cientos de empresas del sector, en estos momentos tienen imposibilitado el ejercicio de su actividad económica a consecuencia de la crisis producida por el COVID-19.
Ante esto, proponen una serie de medidas que ayuden a evitar «la destrucción de muchas empresas y empleos en esta industria».
Contexto
Esta industria se ha visto especialmente perjudicado con la crisis sanitaria. El primer palo fue la suspensión del Mobile World Congress como detonante y las peririores recomendaciones de la OMS que supuso la cancelación en cadena de congresos, eventos y, en general, concentraciones de personas.
Hemos sido una de las primeras actividades que desde el inicio de la crisis tiene un 100% de cancelaciones, seremos de las últimas en salir de esta crisis (estas cancelaciones ya se prolongan hasta final de año) y, en todo caso, el sector quedará completamente dañado».
Además, se prevé que la previsión es que la distancia social se mantenga durante muchos meses más y nada lleva a pensar que se puedan celebrar eventos masivos y/o que las empresas, instituciones u organizaciones que los promueven vayan a querer hacerlo sin todas las garantías para la salud.
Así, las diferentes asociaciones alertan que medidas de ayuda que plantea el Gobierno a este respecto,»no son claras y no se ajustan realmente a las necesidades específicas de nuestro sector».
Confirman que los ERTE por Fuerza Mayor quedan circunscritos exclusivamente a la duración del estado de alarma, «sin considerar que en el momento de levantar el mismo, el Sector Audiovisual continuará parado ya que los condicionantes de nuestra actividad en este entorno son muy diferentes a las de los sectores en los que frecuentemente se enmarcan estas empresas».
Medidas
Solicitan al gobierno mucho «más rigor y compromiso en su soporte a las empresas y trabajadores de sector del alquiler audiovisual para eventos, espectáculos y reuniones». Ante ellos concretar y proponen las siguientes medidas :
- Asegurar que, mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19, y se impida la realización de cualquier tipo de evento con afluencia de público tanto en espacios cerrados como abiertos, puedan mantenerse o prorrogarse los ERTE tramitados por causa de fuerza mayor.
- Una vez finalizado el estado de alarma y levantada la prohibición de realizar eventos, hasta que no se verifique una recuperación del nivel de demanda, precisamos que puedan concatenarse con plazos de resolución de urgencia (5 días) los ERTE solicitados por Circunstancias de la Producción.
- Para poder garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo, debería articularse una bonificación al 100% de las cotizaciones sociales también para los supuestos de ERTE derivados de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, de la misma forma que se ha legislado para los derivados de fuerza mayor.
- Garantizar el aplazamiento de todas las obligaciones tributarias y la presentación del primer trimestre junto con el segundo (hasta el 20 de julio de 2020) y el aplazamiento de las deudas tributarias con un plazo más extendido del previsto en las medidas excepcionales adoptadas, proponiendo aplazamientos a 12 meses con 6 meses sin intereses y sin exigir garantías para importes mayores de 30000 € como está previsto actualmente en la Ley.
- Permitir el cese de actividad para todos los trabajadores autónomos que hayan visto reducida su actividad en más de un 30% de facturación respecto a los 6 meses anteriores, incluyendo a los autónomos societarios donde sus empresas hayan visto reducida la facturación en la misma proporción y hasta que la recuperación de la actividad se normalice.
- Agilizar los trámites previsto en la Ley de Contratos del Sector Público para la certificación de obra o aprobación del servicio prestado con el objetivo de dar cumplimiento efectivo a los plazos de pago de 30 días naturales previstos en la Ley 9/2017.
- Permitir un acceso ágil y efectivo al Crédito, con garantía 100% del Estado con efecto retroactivo respecto a los préstamos ya solicitados e incluso concedidos para afrontar las necesidades de tesorería generadas la parálisis económica y como consecuencia del cese de actividades de las empresas de nuestro Sector, y con la aplicación de un interés mínimo que cubra simplemente los costes de gestión de dichos créditos.
Finalmente indican, en relación al último punto que «debemos solicitar que la simplificación y reducción de los trámites y los requisitos para la obtención de ayudas se extienda a todas las empresas que acrediten por cualquier medio admitido en derecho tener una vinculación directa o indirecta con el sector de Cultura, el Turismo y la celebración de Eventos que consideramos enmarcados en el sector Industrial».
