El acuerdo de la comisión Junta-Gobierno supondrá la retirada del recurso que el ejecutivo central mantiene ante el Tribunal Constitucional.

Acuerdo Junta y Gobierno sobre el decreto de simplificación que modificaba la Ley Audiovisual

El Consejo de Gobierno ha aprobado una serie de modificaciones en el Decreto Ley de simplificación administrativa, que a la postre supondrá la retirada del recurso que el ejecutivo central mantiene ante el Tribunal Constitucional. Una actuación derivada de la Comisión Bilateral entre Junta de Andalucía-Estado, y que afecta a determinados cambios normativos que la citada norma introdujo en la Ley Audiovisual de Andalucía.

Aunque el TC levantó hace unas semanas la suspensión cautelar de los artículos recurridos por el Gobierno, tal y como adelantó Extradigital, los trabajos de la comisión han seguido su curso. Así se ha conseguido acuerdo sobre dos artículos de trascendencia, los referentes a la emisión en cadena y las comunicaciones comerciales prohibidas.

Así, la Junta de Andalucía asume el compromiso de llevar a cabo un desarrollo reglamentario en el que se precise que los operadores en cadena cuentan con el correspondiente título habilitante de conformidad con la legislación estatal.

Igualmente, la Junta de Andalucía asume el compromiso de instar una modificación legislativa con la finalidad de dejar sin efecto derogación del artículo 40 de la Ley Audiovisual de Andalucía. En su caso se restituirá la prohibición sobre la inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial audiovisual en emisiones de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual que carezcan del preceptivo título habilitante o que no hayan cumplido el deber de comunicación previa.

Esta prohibición se extenderá a las personas anunciantes, las agencias de publicidad, las agencias de medios o terceras personas que realicen cualquier acto que posibilite dicha inclusión o difusión.

Una vez aprobadas las modificaciones acordadas entre ambas administraciones tendrán que ser ratificadas por el Parlamento andaluz. Luego, una vez publicado las modificaciones legales indicadas, el Estado se compromete a desistir del recurso de inconstitucionalidad planteado. Así lo han firmado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.

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