- El especial de la revista con motivo de la exclusiva de la boda de Tamara Falcó ha llegado a más gente de la que ha comprado a través de la red de Meta.
- La piratería es un delito contra la propiedad intelectual y lleva aparejadas penas de cárcel de entre seis meses a cuatro años, además de multas económicas y de la obligación de resarcir los daños causados
Muchos españoles han estado pendientes durante el fin de semana de la considerada “boda del año” entre Tamara Falcó e Iñigo Onieva. La revista ¡HOLA! anunció el pasado sábado que el lunes imprimiría un número especial con todos los detalles del esperado enlace, dado que habitualmente la publicación sale a la venta los miércoles. Pero este lanzamiento se ha convertido en la mayor acción de piratería de la historia de la prensa en nuestro país. Y desde la Asociación de Medios de Información (AMI) han mostrado su solidaridad con ¡HOLA! ante el pirateo del que ha sido víctima.
“Desde AMI queremos mostrar el rechazo a este tipo de actos que dañan la propiedad intelectual y afectan a la sostenibilidad de la industria editorial. La piratería de contenidos editoriales pone en peligro el trabajo de los periodistas”, han señalado desde la asociación. De hecho, desde AMI se ha solicitado a Meta, propietaria de Whatsaspp, un comportamiento responsable “de forma que paralice de manera inmediata la distribución ilegítima de contenidos editoriales y ponga los medios necesarios para evitar que estas conductas se reproduzcan en el futuro”, han comentado.
Agotada en los quioscos
Y es que, aunque en los quioscos se ha agotado la primera edición y los responsables han prometido otra, el especial de ¡HOLA! ha llegado a más gente de la que ha comprado la revista a través de la red social Whataspp, donde ha sido distribuido de forma masiva. De esta manera, Meta ha ignorado el legítimo derecho de la revista ¡HOLA! de hacer suyo el fruto de su trabajo.
Desde AMI, han recordado que la piratería es un delito contra la propiedad intelectual y lleva aparejadas penas de cárcel de entre seis meses a cuatro años, además de multas económicas y de la obligación de resarcir los daños causados. Según la legislación vigente, están cometiendo un delito tanto las personas que se descargan el contenido desde las fuentes de acceso legítimo y lo distribuyen por primera vez como aquellos que lo reciben y lo reenvían.
