El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) iniciaba una nueva etapa en julio de 2019, al conseguirse un acuerdo entre partidos que permitía renovar su composición, previamente reducida de once a nueve miembros, tras varios años de interinidad, y aprobar el Parlamento andaluz por unanimidad a sus nuevos integrantes, entre los que estaban representadas las personas propuestas por cinco partidos políticos, la cifra más alta desde su creación. Se mantuvo en su totalidad la estructura funcionarial, en amplia proporción personal de libre disposición con buen conocimiento del sector.
El año transcurrido desde entonces, pese a las limitaciones que han impuesto los casi cinco meses últimos de confinamiento del personal o limitación de movimientos, ha permitido una notable actividad en el seno del Consejo, que ha demostrado ser una institución que se adapta bien al teletrabajo, con mantenimiento de las líneas de actuación precedentes, pero ampliando el campo de acción hacia los nuevos problemas que plantean procesos como la expansión de las redes sociales, los derivados del uso de teléfonos móviles por menores o la intensificación de la publicidad de juegos de azar vía medios audiovisuales, entre otros. Este año el CAA cumple los quince de existencia, lo que debe contribuir también a una reflexión sobre su futuro y cómo afrontar desafíos que en algunos aspectos aconsejan modificación o ampliación de competencias.
Este año el CAA cumple los quince de existencia, lo que debe contribuir también a una reflexión sobre su futuro y cómo afrontar desafíos que en algunos aspectos aconsejan modificación o ampliación de competencias.
El grado de consenso alcanzado, por encima de la heterogeneidad de su composición, puede estimarse alto, y se muestra en una clara mayoría de sus decisiones, si bien no ha sido posible en alguna cuestión relevante como el Decreto-Ley 2/2020, de 9 de marzo, de 2020, al estimar una mayoría del Consejo que éste es un organismo creado para vigilar el cumplimiento de las leyes que inciden en el mundo audiovisual u opinar antes de su aprobación -así lo ha hecho, por ejemplo, ante la petición por el Ministerio de Consumo de un informe en torno a la publicidad de los juegos de azar-, no para juzgar sobre las leyes mismas, para lo que existen en la comunidad órganos consultivos y tribunales. Un criterio que también seguía el Gobierno central en sus actuaciones sobre dicho decreto ley al no consultar a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, CNMC, que tiene competencia sobre la actividad audiovisual a escala estatal, sino dirigirse directamente al Consejo de Estado. El anunciado diálogo entre gobierno central y autonómico debe devolver al Parlamento andaluz el controvertido texto para consensuar una nueva redacción.
El anunciado diálogo entre gobierno central y autonómico debe devolver al Parlamento andaluz el controvertido texto del Decreto-Ley 2/2020 para consensuar una nueva redacción.
El Consejo ha incrementado la realización de informes -este año están previstos 16-, tanto preceptivos o habituales, como aconsejables ante acontecimientos o procesos nuevos o imprevisibles -impacto del coronavirus en el sector audiovisual andaluz, por ejemplo- además de mantener una línea de publicaciones -análisis sobre pluralismo, barómetro audiovisual de Andalucía, textos de las jornadas de otoño sobre audiovisual…-. También ha fomentado en estos últimos meses actuaciones como el Pacto Ético contra el sensacionalismo, una guía de recomendaciones sobre el tratamiento de la discapacidad en los medios, consejos sobre la protección de menores en el entorno digital o un decálogo para detectar falsas informaciones. Recientemente ha aprobado un amplio informe, cualitativo y cuantitativo, sobre la cobertura informativa en Canal Sur TV de la pandemia del coronavirus, referido a los meses de marzo y abril, y que se hará público en breve. En sus actividades pro igualdad hombre-mujer y lucha contra la violencia de género ha abordado un amplio abanico de actuaciones, desde informes muy concretos sobre la presencia en los medios a mesas redondas y debates en su sede social, pasando por ponencias para reuniones internacionales.
Se hacen necesarios porque el mundo audiovisual crece continuamente, se diversifica, aumenta su influencia, requiere ayuda y orientación a la hora de establecer rumbos y necesita un control democrático.
El presente y el futuro de instituciones como el Consejo Audiovisual de Andalucía están siendo objeto de debate. No es, en el caso andaluz, y contra lo que a veces se afirma, un organismo oneroso. Su presupuesto se ha reducido a la mitad desde 2008 y hoy apenas representa el 0,01 del presupuesto andaluz. Sí es cierto que no resulta suficientemente conocido y en consecuencia utilizado, y que debemos trabajar en superar paulatinamente esa rémora.
La realidad internacional es que, con una u otra denominación y con matices en las competencias asumidas, una gran mayoría de países democráticos o comunidades como la andaluza, disponen de organismos similares, incluso estados pequeños como Malta o territorios como Gibraltar. Se hacen necesarios porque el mundo audiovisual crece continuamente, se diversifica, aumenta su influencia, requiere ayuda y orientación a la hora de establecer rumbos y necesita un control democrático.
