La Diputación del Parlamento de Andalucía ha dado luz verde al decreto Ley sobre «mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva», que tiene una especial incidencia en el panorama audiovisual andaluz.
Entre los puntos más polémicos: poder contratar publicidad en emisoras sin licencia, la privatización y liberalización de las emisoras locales y la eliminación de que las emisoras concesionarias tengan la obligación de tener estudios de producción y personal en las mismas.
Según puede corroborarse en el texto normativo, se elimina la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondiente título habilitante. Es decir, los anunciantes que invierten publicidad en radio o televisión ilegales o piratas no serán sancionados, como hasta el momento ocurría.
También se elimina la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local. A partir de ahora las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público para el que se les ha otorgado concesión.
Otro punto caliente es el hecho de que a partir de ahora no será obligatorio disponer de estudios de producción operativos en el ámbito territorial del servicio de comunicación audiovisual.
