Una sociedad avanzada debe disponer de una adecuada cualificación profesional de su población activa, de forma que quede garantizado el funcionamiento de los distintos sectores productivos y de servicios que permiten el sostenimiento y el crecimiento económico. No es tarea fácil en un mundo que evoluciona tecnológicamente a un ritmo vertiginoso y con una incidencia casi inmediata en los sistemas de producción y en las nuevas necesidades de cualificación profesional. Esta dificultad, más que ser un inconveniente, debe ser un acicate para que las Administraciones Públicas diseñen una estrategia con capacidad de respuesta al ritmo y con la eficacia que el presente y, aún más, el futuro demandan.
Andalucía, cuenta desde hace muchos años con importantes competencias en materia de Formación Profesional y los avances, aunque no suficientes, han sido importantes y significativos. En la anterior legislatura, el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía y Ciudadanos formalizaron un Acuerdo donde la primera medida que figuraba relativa a educación era la de disponer de una Ley de Formación Profesional en Andalucía.
En diciembre de 2018, el Gobierno andaluz aprobó el Proyecto de Ley, que tenía un elevado nivel de consenso con los agentes sociales y económicos, y tuvo su entrada en el Parlamento, donde comenzó su tramitación hasta que finalizó anticipadamente la legislatura y la necesaria Ley quedó sobre la mesa.
El actual Gobierno andaluz ha manifestado que la Ley de Formación Profesional es una de sus prioridades pero después de más de un año del llamado “Gobierno del Cambio”, la situación no ha cambiado. Disponer de una Ley de Formación Profesional en Andalucía es no solo necesario sino urgente. Naturalmente, siempre que sea una Ley que, además del consenso con las organizaciones empresariales, de autónomos, sindicales, sociales y demás actores, contemple todos los aspectos necesarios para garantizar las cualificaciones profesionales de la sociedad andaluza y facilitar las actualizaciones profesionales que sean precisas a lo lago de la vida laboral de la misma.
Por ello, hay que hacer hincapié en el contenido de la deseada futura Ley de Formación Profesional y no quedarnos en el comentario simplista de que es necesario ampliar la oferta y olvidar toda la potencialidad que una buena Ley pueda dar para el desarrollo económico y social de nuestra tierra.
Los elementos básicos de la Ley de Formación Profesional los podemos enumerar en los siguientes: la orientación profesional, la acreditación de cualificaciones profesionales y la oferta formativa.
La orientación profesional tiene que permitir la adecuada elección de enseñanzas profesionales a los jóvenes que finalizan la educación secundaria obligatoria o el bachillerato y desean seguir estas enseñanzas. Asimismo, la orientación profesional tiene que actuar, también, asesorando a la población activa que no dispone de acreditación profesional para participar en los procedimientos de reconocimiento de acreditaciones profesionales, así como asesorarle para que pueda continuar su formación y obtener, en su caso, un título o certificado profesionales.
La acreditación de cualificaciones profesionales a la población activa que ha adquirido su competencia por vías no formales o por el ejercicio profesional es necesaria tanto para el ejercicio de profesiones reguladas como para garantizar la promoción laboral. El sistema de acreditación tiene que ser ágil y con capacidad de respuesta inmediata para que las trabajadoras y los trabajadores no tengan que esperar convocatorias que pueden tardar mucho tiempo o no realizarse y se vean perjudicados en su acceso al empleo o a la promoción profesional.
La planificación de la oferta de formación, tanto en el ámbito educativo como en el laboral, tiene que ser más amplia que la actual y, además, tiene que dar respuesta a las actuales y futuras necesidades de cualificación de los sectores productivos y de servicios.
Además, hay dos elementos relevantes que hay que considerar. Uno, la colaboración con la Administración General del Estado para el mantenimiento del Catálogo de Cualificaciones Profesionales, los Certificados de Profesionalidad y el Catálogo de Títulos Profesionales. Dos, la financiación tiene que ser suficiente y disponer de distintas fuentes, presupuestos generales del Estado, de la Comunidad Autónoma y de la cuota profesional que población activa y empresas aportan.
En los últimos años se viene hablando, quizás con excesiva alegría, de la Formación Profesional Dual como la panacea que puede resolver los males de las enseñanzas profesionales. España no es Alemania, ni Austria, pero tampoco podemos renunciar a esta modalidad de formación si se organiza con el conocimiento y aceptación de nuestra realidad en cuanto a tamaño de nuestras empresas, nivel tecnológico, cualificación acreditada de la población activa y todos los aspectos que intervienen en los programas formativos y que de no considerarse pueden incidir en una productividad no competitiva, perseverar en vicios profesionales o en incrementar la siniestralidad laboral.
Finalmente, y en el ámbito del empleo, es necesario que las trabajadoras y los trabajadores sean contratados de acuerdo con su cualificación profesional y su adecuación al puesto de trabajo, evitando la sobrecualificación, y disponiendo de una retribución acorde con lo establecido en los convenios colectivos fruto de la negoción colectiva. De esta forma los jóvenes y la población activa estarán motivados para el aprendizaje y la cualificación profesional y así contribuir de una manera efectiva a la promoción personal y al desarrollo y económico de Andalucía.
Manuel Alcaide es profesor
