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El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León formará parte de esta iniciativa, que surge de la última reunión de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas celebrada recientemente en Madrid.
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El objetivo final pasa por la creación de un Observatorio Nacional sobre Agresiones a Periodistas que aglutine que dé respuestas efectivas a los ataques al derecho a la información.
¿Qué medidas se pueden adoptar en relación a los distintos tipos de agresiones a periodistas? Es una de las cuestiones que abordará el nuevo grupo de trabajo en el que participará el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León. La iniciativa aglutinará a varios organismos de profesionales de la información y surge en la última reunión de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas en Madrid.
En ella se puso sobre la mesa la preocupación por el aumento de las situaciones y amenazas de la que es objeto el sector del Periodismo. Por ello, los participantes en la reunión han decidido crear un grupo de trabajo que se dedicará a contabilizar y analizar todo tipo de agresiones. Paralelamente, se iniciarán los trámites y contactos necesarios para estudiar la viabilidad de modificar el código penal. Con esta acción, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas pretenden conseguir que la agresión a un periodista sea un agravante. «Ya que durante su ejercicio profesional está desempeñando una función social», explican desde el organismo castellano y leonés.
Hacia un Observatorio Nacional
Los vetos de los que son víctimas tanto periodistas como medios de comunicación también son otro asunto sobre el que incidrá el grupo de trabajo. En concreto, buscarán conseguir que dichos vetos sean ilegales como sucede, por ejemplo, durante la campaña electoral. Aunque el objetivo de la Red es que esta protección se extrapole a situaciones concretas y adquiera un carácter general.
Según han informado fuentes del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, el nuevo grupo de trabajo solo es el primer paso. En concreto, su constitución supone la fase previa a la creación de un Observatorio Nacional sobre Agresiones a Periodistas. Un órgano que pretende aglutinar la colaboración de expertos de diversas áreas que den respuestas efectivas a los ataques al derecho a la información.
