- Este y otros datos se desprenden de los resultados de los Estudios de Concursos Públicos de Publicidad de la Administración, organizados por ADC y la FEDE.
ADC y la FEDE acaban de publicar los resultados de los Estudios de Concursos Públicos de Publicidad de la Administración. Estos han sido presentados en la sede de la CEOE, en la jornada “Radiografía del mayor anunciante del país”. En él se desglosan los resultados por comunidades.
Si atendemos a los números, observaremos que Catalunya es la comunidad con un mayor número de concursos públicos, 761 en total frente a los 548 de Madrid, que se hace con el segundo lugar, y 517 de Andalucía, que se hace con el tercero.
En el apartado “Porcentaje de concursos y presupuesto por autonomías”, la comunidad catalana se sitúa en segundo lugar a nivel de importe, aunque de nuevo encabeza la lista en porcentaje.
Podemos matizar estas cifras si atendemos al apartado “Presupuesto de concursos por cápita”, en la que Catalunya baja hasta el décimo lugar del listado, dejando constancia de que repartido entre toda la ciudadanía de la comunidad los números son inferiores a los de comunidades más reducidas en población como Cantabria, Castilla-León o Canarias.
Por último, Catalunya encabeza también la lista de los ·10 mayores concursos de publicidad” general con un concurso que supera los 35 millones de euros,
Sin embargo, en la categoría de los “10 mayores concursos de medios” desciende hasta la séptima posición en una tabla dominada esencialmente por Madrid.
Entre las principales conclusiones que arroja el estudio, cabe destacar que los plazos de presentación de propuestas deben ser más razonables para garantizar la calidad. Se concluye además que se debe considerar prioritariamente el componente intelectual y creativo en la valoración de ofertas.
Otras conclusiones del informe son que las exigencias de solvencia desproporcionadas deben eliminarse para facilitar la participación de pymes, y que es esencial permitir la presentación de propuestas mediante canales adecuados, complementarios a la electrónica, cuando la Administración no disponga de capacidades suficientes.
