El Consejo Audiovisual de Andalucía, en una reunión telemática celebrada hoy, no ha entrado a valorar el Decreto 2/20 que cambia las reglas del juego de este sector en el territorio andaluz, e incluso llega a afectar aspectos de su propia Ley de creación. Se inhibe de pronunciarse, y deja sus actuaciones en el plano jurídico.
Además, el CAA tampoco ha dado respuestas a las más 25 asociaciones (del mundo de la comunicación, consumidores, Universidad) que exigían explicaciones sobre el Decreto 2/20 y pedían la retirada del mismo.
Con un resultado de cinco votos a favor y cuatro en contra, ha triunfado la tesis, con los votos de los consejeros a propuestas del PP, Ciudadanos y VOX que defendían que a tenor del artículo 1 de la Ley de Creación del CAA no debe entrarse en valorar una normativa que ya está vigente.
Por contra, los consejeros propuestos por el PSOE y Adelante Andalucía ya han anunciado plantear un voto particular. Así queda dilapidada la vocación de consenso de la que se presumía tras la renovación del Consejo.
De esta manera, el CAA pasa de puntillas a la hora de pronunciarse sobre aspectos delicados como la privatización de la gestión de las emisoras municipales, el hecho que pueda emitirse publicidad en aquellas emisoras que no cuenten con el título habilitante, o incluso que se pueda postear la señal sin necesidad de tener personal y estudios radiofónicos en la localidad.
Una oportunidad para el diálogo
Por su parte, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha hecho un llamamiento al diálogo y al consenso sobre los contenidos del decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía en aras de lograr un mejor futuro para el sector audiovisual andaluz, según se recoge en el acuerdo debatido y aprobado hoy por mayoría en el pleno de este órgano.
El CAA considera que el anuncio de que la norma vaya a ser debatida en el seno del Parlamento andaluz y negociada entre los gobiernos andaluz y central, en los dos artículos que el Ejecutivo quiere recurrir ante el Tribunal Constitucional, abre una oportunidad de diálogo, “y ese es el ámbito, y no otro, donde debe producirse el deseable consenso en lo que se refiere a los contenidos del citado decreto ley”.
