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El Gobierno recurre al Constitucional el decreto de la Junta sobre el sector audiovisual

El recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional del decreto 2/2020 de la Junta de Andalucía, que toca el sector audiovisual entre otros, sigue adelante. El Consejo de Ministros ha aprobado su interposición tras el dictamen favorable del Consejo de Estado. Lo ha anunciado esta misma tarde la ministra portavoz, María Jesús Montero.

El Gobierno andaluz aprobó el polémico decreto 2/2020 sin debate y en plena crisis por la pandemia del coronavirus Covid-19. El texto modifica 21 leyes y seis decretos autonómicos relacionados con la actividad económica. El Gobierno solicitó la pasada semana dictamen al Consejo de Estado para iniciar el trámite del recurso. La impugnación ante el Constitucional se fundamenta en dos artículos que tocan de lleno al sector audiovisual andaluz y al de patrimonio cultural.

En primer lugar, se impugnan los apartados 4 y 6 del artículo 28 del decreto 2/2020 de la Junta. Entiende el Gobierno que estos vulneran la competencia estatal sobre telecomunicaciones y medios de comunicación social. El cambio legislativo de la Junta deroga la prohibición de inclusión de anuncios en emisoras o cadenas que carecen del preceptivo título o no han cumplido el deber de comunicación previa. Estas son las llamadas emisoras o cadenas pirata a las que el nuevo decreto de la Junta de Andalucía permite recibir inversión publicitaria, que antes estaba prohibida.

El Gobierno recurre también el artículo 13 del decreto 2/202, que supone una nueva redacción del artículo 33.3 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía. A través de este cambio la Junta exime de autorización previa y comunicación a la consejería de Cultura sobre determinadas obras en bienes de interés cultural y su entorno. El Gobierno considera que esta regulación vulnera la competencia estatal en defensa de los bienes culturales contra la expoliación.

Voluntad de negociación

Asimismo, el Gobierno solicita al Tribunal Constitucional la suspensión de estas disposiciones impugnadas por la ausencia de extraordinaria y urgente necesidad. Asimismo, porque «los perjuicios que pueden producirse por su aplicación pueden ser de imposible reparación», ha subrayado la ministra portavoz. También por su relevancia al no incidir en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

El Gobierno está decidido con el recurso del decreto de la Junta ante el Tribunal Constitucional en lo que atañe al sector audiovisual y de patrimonio. No obstante, María Jesús Montero ha subrayado que el Gobierno tiene «voluntad negociadora con Junta de Andalucía a fin de resolver esta controversia suscitada y que se adecue el decreto ley al ámbito competencial previsto en la Constitución Española».

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