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El Grupo Parlamentario Socialista de Castilla y León ha registrado una Proposición no de Ley para que el empresario implicado en la Gürtel y Enredadera deje la propiedad de la televisión autonómica.
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El medio regional, del que Ulibarri posee el 50%, recibe del Gobierno autonómico 18 millones de euros anuales.
El PSOE de Castilla y León ha registrado este miércoles, en las Cortes, una Proposición no de Ley con el objetivo de lograr el acuerdo de los grupos políticos por la necesidad, dicen, de sacar fuera de CyLTV a José Luis Ulibarri, que actualmente es dueño del 50% del medio.
El hecho de que el empresario esté investigado en las tramas Gürtel y Enredadera supone motivo suficiente para los socialistas para querer alejar a Ulibarri de la televisión autonómica porque «la prioridad de esta iniciativa será defender los 350 puestos de trabajo vinculados a esta televisión privada, que recibe de la Junta de Castilla y León unos 18 millones de euros al año», ha remarcado en un comunicado el grupo político.
La defensa del trabajo de esos 350 empleados de CyLTV es la principal premisa que ha empujado a Luis Tudanca y su equipo a presentar esta PNL por el riesgo de «sembrar la duda sobre su funcionamiento y el trabajo de sus profesionales de forma injusta». De hecho, la intención es que se llegue a un consenso con el resto de partidos para garantizar que CyLTV esté «al servicio de los intereses públicos, del interés general y de la objetividad de sus contenidos».
Así, el PSOE ha pedido que en 2019 se cree un «nuevo modelo donde prime el mantenimiento y la calidad del empleo y con una financiación adecuada y estable». Para ello son necesarios «mecanismos suficientes de control para garantizar que los titulares de la misma cumplen con las exigencias éticas de conducta empresarial que salvaguarde cualquier sombra de duda referente a corrupción política o empresarial y refuerce el control parlamentario y la transparencia».
Los socialistas ven necesario crear un grupo de trabajo para que los partidos, de forma conjunta, redacten una comunicación que obtenga una respuesta de la Junta, en el plazo máximo de dos meses, que sirva para dar «estabilidad» a la televisión.
El PSOE cree que lo que está ocurriendo debe ser un «un motivo suficiente para que la Junta de Castilla y León tome una decisión inmediata sobre la subvención directa a un medio que no puede estar en manos de alguien implicado en tan graves casos de corrupción». Una iniciativa que el Gobierno autonómico ha calificado de «osada» por querer interferir, dicen, en la propiedad privada de alguien.
