Si partimos de la premisa de que el periodismo es un servicio esencial, éste debe ser ejercido por profesionales con una formación específica. Como en el resto de disciplinas, la formación académica no garantiza siempre la excelencia, pero esto no debe emplearse para infravalorarla. Hay buenos y malos abogados, arquitectos y médicos, por poner algunos ejemplos, pero no por ello deja de exigirse la titulación correspondiente para ejercer. Lo mismo sucede con el periodismo. Hay compañeros que a pesar de tener en su mochila el título universitario no honran a la profesión. Pero esto no debe utilizarse de excusa para justificar el atajo de entrada al periodismo sin pasar por las facultades de periodismo o de comunicación audiovisual.
En la lucha contra el intrusismo es clave el ejemplo que deberían dar las instituciones públicas, pero por desgracia no siempre asumen este compromiso. A día de hoy es todavía común ver convocatorias de plazas públicas de Periodismo o de Comunicación en las que no es requisito imprescindible tener la licenciatura o grado en Periodismo o en Comunicación Audiovisual. Estas situaciones son incompatibles con los discursos de nuestros dirigentes en los que defienden, de cara sólo a la galería, la importante y esencial labor de nuestra profesión en una sociedad democrática. La coherencia brilla por su ausencia y esto es algo que no debemos aceptar.
Compromiso institucional
Los organismos públicos tienen que asumir su compromiso real y sin fisuras con la lucha contra el intrusismo en el periodismo, garantizando la exigencia de la titulación correspondiente para optar a las plazas públicas mencionadas anteriormente. Deben interiorizar este compromiso en todas sus actuaciones vinculadas el sector, como por ejemplo a la hora de establecer las bases para la concesión de licencias de TDT y de radio, en las que no exigen a las empresas que optan a ellas que las funciones periodísticas sean ejercidas por profesionales titulados o al menos se valore con mayor puntuación.
Es sonrojante ver párrafos y párrafos sobre las obligaciones técnicas que deben asumir las entidades que se presentan a dichas licencias y que luego se pase por alto lo importante de un medio de comunicación, que es la formación y los conocimientos de los profesionales que le dan vida. Esto por ejemplo ha sucedido en Castilla y León, motivo por el cual desde el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León comunicamos nuestra postura al respecto a la Consejería de Fomento e hicimos pública nuestra opinión al respecto.
Ojalá que en 2021 el compromiso de las instituciones públicas locales, provinciales, autonómicas y nacionales con la lucha contra el intrusismo laboral en el periodismo aumente y, de esta manera, avancemos en la erradicación de uno de los males actuales del periodismo y así contemos con más posibilidades de poder ejercer como se merece el servicio esencial que tenemos el honor y la suerte de ejercer.
Pedro Lechuga es el decano del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León.
