Este miércoles, según ha adelantado la Cadena Ser, se reúnen los magistrados del Tribunal Constitucional para suspender provisionalmente el Decreto de 2/20 de simplificación de medidas administrativas. Entre las principales razones aquellos aspectos que modifican la Ley del Audiovisual de Andalucía.
El gobierno central anunció hace semanas su intención de interponer el recurso, previo informe del Consejo de Estado, y todo indica, según las fuentes consultadas por la Cadena Ser, que se va admitir a trámite. Esto tiene como consecuencia la «suspensión inmediata» del decreto al menos durante los siguientes cinco meses. A partir de ese momento, «levantarán o confirmarán esta suspensión de los artículos que el gobierno cree que invaden competencias de Estado».
Este hecho puede acelerar la celebración de la reunión pendiente entre Gobierno Central y Junta de Andalucía para tratar de llegar a un acuerdo político antes que al contencioso judicial, que podría demorarse en el tiempo.
Las causas por las que el gobierno recurrió el Decreto 2/20, entre otras, son las siguientes:
- Existe una vulneración de la normativa estatal en relación con la emisión en cadena y conexión con entidades privadas no autorizadas previstas en el artículo 28, apartado 4, del Decreto Ley 2/2020 que modifica el artículo 37 b) de la Ley 10/2018, Audiovisual de Andalucía.
- Existe también una vulneración o menoscabo de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, en lo que afecta a la eliminación de la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondiente título habilitante, prevista en el artículo 28, apartado 6, del Decreto Ley que modifica el artículo 40 la Ley 10/2018.
Rechazo del sector
Desde el primero momento, el sector audiovisual y asociativo se ha mostrado en contra de la modificación de la Ley Audiovisual, que se puso en marcha fruto del consenso y que fue aprobada, rara avis, por unanimidad en el Parlamento de Andalucía.
Así desde el primer momento se formó un frente común de asociaciones de la prensa, colegios profesionales, facultades de comunicación, organizaciones del tercer sector, consumidores, las radios comerciales … para que no se aprobara en un primer momento, para que se rectificara una vez recibido la luz verde en el Parlamento de Andalucía.
El último movimiento en este aspecto es la creación de la Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo en Andalucía (PDCPA), contraria a la modificación de la LAA, formada por un total de 23 organizaciones representativas del sector del periodismo, la comunicación, sindicatos y ONG’s.
