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El TSJ de Murcia suspende cautelarmente el concurso de adjudicación de la TV pública

  • La medida la demandó TCero y supone que este lunes no se conozcan los criterios evaluables en el procedimiento de la gestión de la televisión autonómica murciana.
  • La Sala de lo Contencioso adopta la medida urgente que impide la celebración del acto público de apertura de los criterios evaluables previsto para este lunes.
  • Aduce razones de “prudencia” y beneficios para la “salvaguarda de los principios de igualdad de trato y de oportunidades de los licitadores”.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia suspende cautelarmente el procedimiento para  la  adjudicación  de  la  gestión indirecta  del  servicio  público  de comunicación  audiovisual  televisiva  de  la Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia y, en concreto, el acto público  de  apertura  del  sobre número  3  (criterios evaluables de forma automática) previsto para hoy, 26 de noviembre de 2021, a las 14:00 horas, en el Salón de actos de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital. 

El tribunal adoptó la medida cautelar urgente solicitada por la mercantil Audiovisuales Tcero SA, el pasado viernes 26 de noviembre al amparo del artículo 135.1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, esto es, inaudita parte, sin oír a la parte contraria. 

Justificación

El recurrente solicitaba la adopción de la medida cautelar para evitar el riesgo de que se pueda frustrar el fallo de una eventual sentencia estimatoria del recurso presentado contra el procedimiento. Afirmaba que debía suspenderse el procedimiento de contratación pues si se emite informe de manera colegiada por parte del nuevo Comité de Expertos y se abre el Sobre número  3 por parte de la Mesa de Contratación, “no sería procedente retrotraer las actuaciones al momento de la valoración de los criterios evaluables mediante juicios de valor puesto que el contenido de las ofertas sería conocido en su totalidad y lo preceptivo sería cancelar el procedimiento de adjudicación y volver a iniciar uno nuevo, frustrando la finalidad legítima del recurso”. 

A la vista de las alegaciones realizadas, tras analizar los criterios legales y jurisprudenciales y realizar una ponderación de intereses, la Sala considera que concurren las circunstancias de urgencia aducidas por la recurrente.

Entiende el tribunal que esta medida de suspensión no tiene por fin garantizar la eficacia de una futura sentencia estimatoria, sino que su finalidad es “salvaguardar el buen desarrollo del procedimiento de contratación”

Los magistrados explican que, aunque el tribunal desconoce “si el nuevo Comité de Expertos ya ha efectuado la valoración correspondiente” y “ciertos datos que podrá aportarnos, en su caso, la Administración”, el fallo de una sentencia sobre el fondo del recurso en la que se declarara no conforme a Derecho la decisión de cesar a los anteriores miembros del Comité de Expertos y que anula el nombramiento de los nuevos miembros “pudiera ser menos lesivo para el procedimiento si todavía no se ha efectuado la apertura del sobre 3”. 

Medida cautelar garantista

“De modo que la media cautelar parece indiciariamente que puede producir el efecto positivo de garantizar el buen devenir del procedimiento de contratación. Ante este escenario, resulta prudente que no se celebre el acto público de apertura del Sobre 3º; y ello sin perjuicio de la decisión que adoptemos una vez oídos los argumentos de la Administración”. 

Tras aducir razones de prudencia, los magistrados subrayan que “esta decisión cautelar produce una mínima distorsión en el procedimiento de contratación. Además, es sumamente beneficiosa tanto para la Administración como para los licitadores pues garantiza la seguridad en el desarrollo del proceso 

La Sala concluye que la suspensión “no provoca perjuicios para el interés general” pues el servicio audiovisual se está prestando en la actualidad y “causa evidentes beneficios desde el punto de vista de la salvaguarda de los principios de igualdad de trato y de oportunidades de los licitadores y el principio de transparencia de todas las fases del procedimiento”.

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