- La Federación estudiará presentar un recurso ante el Constitucional contra las ruedas de prensa sin preguntas y el veto a periodistas y medios, si existe base jurídica, según se ha acordado en su LXXIX Asamblea.
- También analizan las consecuencias que puede acarrear para los periodistas el teletrabajo y resuelven alertar para que este sistema acabe siendo un modelo que castigue, aún más, la situación económica y laboral de estos profesionales
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha hecho un llamamiento a todas las empresas periodísticas para que, una vez concluya la regulación temporal de empleo que se está aplicando en la mayoría de ellas, los periodistas recuperen las condiciones económicas y laborales que tenían con anterioridad a la actual crisis ocasionada por la pandemia. La LXXIX Asamblea General de la Federación, celebrada este sábado 28 de noviembre, en modo telemático, ha aprobado pedir a los empresarios del sector que, una vez que finalicen, los ERTE no deriven en despidos, y que inviertan en buen periodismo y en la contratación de periodistas.
Además, ha valorado la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra las ruedas de prensa sin preguntas y el veto a los periodistas y medios de comunicación, siempre que exista base jurídica para hacerlo.
Consecuencias del teletrabajo
La Asamblea ha analizado las nuevas circunstancias a las que los periodistas se están viendo abocados en su trabajo en un año dominado por la pandemia de la Covid-19. En este contexto, igual que las decisiones anteriormente expuestas, a instancias de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), la FAPE ha analizado las consecuencias que puede acarrear para los periodistas el teletrabajo y ha resuelto alertar para que este sistema no se convierta en un pretexto para que la información pierda veracidad y calidad y acabe siendo un modelo que castigue, aún más, la situación económica y laboral de los periodistas, derivando en un adelgazamiento o desaparición de plantillas, al convertirles en autónomos o falsos autónomos.
Además, la Asamblea ha aprobado que la Federación se dirija a todas las administraciones públicas para que las plazas que oferten en departamentos de Prensa o Comunicación las ocupen, mediante el correspondiente concurso público, licenciados y graduados en periodismo.
Titulación para empleo público
Concretamente, en lo que respecta a RTVE, y a propuesta de la Asociación de la Prensa de Oviedo, la FAPE emprenderá las gestiones necesarias para que en las bases de su próxima convocatoria de oposiciones se exija la titulación de Periodismo o Comunicación Audiovisual como requisito para presentarse a los puestos de informador, redactor, realizador y productor, e, igualmente, en el caso de contratación de personal con carácter laboral.
Al abordar los muros de pago, el máximo órgano de Gobierno de la FAPE expone a los ciudadanos que la información veraz y de calidad, en toda sociedad democrática, cuesta dinero, y que, cuanto mayor sea el número de suscriptores, los medios serán más libres y fuertes. “La dependencia de los poderes económicos, políticos y financieros debilitan el buen periodismo y repercute negativamente en la credibilidad de los medios y sus profesionales”, señala la resolución.
También han hecho un llamamiento a los periodistas para que sean militantes activos y comprometidos en la defensa de la información veraz y en la denuncia de la mentira, y a los propietarios, editores, directores y responsables de contenidos de los medios, para que sean los primeros en tener un comportamiento ejemplar en este sentido.
Un IAE propio para la profesión periodística
La Asamblea General de la FAPE ha decidido también solicitar la creación de un epígrafe del IAE para el desarrollo de la profesión periodística (según la propuesta de la Asociación de la Prensa de Málaga). Han pedido que el periodismo sea incluido entre las actividades con tratamiento diferenciado por la Seguridad Social respecto a la jubilación anticipada (propuesta de la APS) y han iniciado el proceso para obtener, junto a sus asociaciones, la Declaración de Utilidad Pública (propuesta de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife).
