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Ve indicios de que la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y la Generalitat actuaron de forma concertada con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de Cataluña
La Fiscalía de Barcelona ha solicitado al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la logística del 1-O, que procese también por organización criminal a 28 de los investigados de los 30 investigados. Entre ellos se encuentran altos cargos del Govern de la Generalitat, empresarios que proveyeron el material del referéndum y la cúpula de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el director de TV3 y el de Catalunya Ràdio, a quienes se acusa de dar difusión a la convocatoria.
El ministerio público ha enviado un recurso para impugnar parte del auto de procesamiento que dictó la juez para que se añada a todas estas personas también el delito de organización criminal que puede acarrear penas de cuatro a ocho años de prisión. Entre estas personas se encontrarían el secretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons; la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, y los directores de TV3, Vicent Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, a los que se está investigando por malversación, prevaricación, revelación de secretos y desobediencia por el 1-O
En su escrito, la Fiscalía entiende que los procesados podrían haber cometido un delito previsto en el artículo 570 bis 1 del Código Penal por haber actuado «de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña del reino de España mediante su aportación individual y jerarquizada».
