-
La Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación y AdE critican a las Administraciones Públicas que adjudican la publicidad institucional directamente a los medios y discriminan a las agencias
-
La FEDE y Agencias de España consideran estos procesos ‘no legales’ y anuncian que impugnarán todos aquellos en los que se convoque únicamente a empresas propietarias de medios de comunicacion
La FEDE (Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación) y Agencias de España consideran no legales los concursos oficiales de publicidad dirigidos a medios de comunicación. Por ello, ambas asociaciones impugnarán todos aquellos procesos en los que las diferentes Administraciones Públicas convoquen directamente a empresas medios de comunicación, cerrando la participación a las agencias de medios, pues, según señalan, suponen una restricción injustificada de la competencia injustificada y perjudicial para los intereses públicos
Desde La FEDE y la AdE se ve con enorme preocupación la proliferación durante los últimos meses de concursos en los que los únicos licitadores que pueden participar son los medios de comunicación, algo absolutamente insólito hasta ahora y que puede causar un enorme e irreparable perjuicio a las agencias de medios.
Los argumentos que utilizan estas impugnaciones las asociaciones que representan a las agencias están basados en la legislación sobre Contratación Pública española y de la Unión Europea en materia de concursos públicos, así como en la legislación sobre competencia, en concordancia con la doctrina existente en la materia y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En todo caso, La Fede/AdE denuncian así el abuso que se produce con estas licitaciones por medio de contratos públicos y acuerdos marco que vulneran principios constitucionales esenciales de nuestra sociedad como el de igualdad, puesto que se discrimina sin razón alguna a un parte esencial los actores del sector de la publicidad, solo permitiendo que sean los medios previamente seleccionados quienes monopolicen estos nuevos contratos y acuerdos marco, actuando las Administraciones de forma contraria a lo dispuesto en la Constitución Española y los Tratados de la Unión Europea.
Pero también hay argumentos de carácter político. Para los presidentes de La FEDE, Juan Carlos Falantes, y de AdE, Córdoba Ruiz, “se están utilizando estos concursos para beneficiar a los medios que más interesan a los gobiernos al frente de las administraciones, sorteando cualquier tipo de filtro técnico”. Así lo prueba que en estos concursos haya ya una decisión sobre qué medios van a difundir la campaña sin ninguna justificación técnica. En la mayoría de ellos no se recogen medios tan importantes y eficaces como la publicidad exterior o digital. “Estamos ante una de las agresiones más graves a las agencias de publicidad desde hace muchas décadas y es nuestra obligación luchar contra ella con todas nuestras fuerzas”, añaden.
Argumentos
Más allá de tecnicismos legales y remisiones a sentencias firmes de tribunales españoles y europeos, los argumentos de La FEDE/AdE pueden sintetizarse en estos puntos:
- Las agencias de publicidad, incluidas las de medios, están reconocidas en la Ley General de Publicidad como empresas que se dedican a la gestión de las campañas publicitarias.
- Las administraciones no pueden restringir sin una justificación la participación de actores reconocidos de un sector en los pliegos del concurso, algo que en ningún caso se hace. Y esto afecta tanto a las agencias de medios como a los propios medios excluidos.
- La subcontratación no solo no está prohibida en los concursos, sino que es una manera de conseguir mejores condiciones para las administraciones convocantes.
- Al margen, y como argumento profesional, podría añadirse que las administraciones, en general, carecen de medios (programas, fuentes de información, personal formado) para decidir cuál es la planificación de medios más adecuada y rentable para los objetivos de un concurso, así como el control, optimización y seguimiento de la campaña, algo que constituye la esencia del trabajo de las agencias de medios.
Es por todo ello, que La FEDE/AdE han decidido denunciar de forma pública y rotunda esta situación que perjudica a muchas empresas, con el resultado seguro de la destrucción de cientos de puestos de trabajo por una discriminación injustificada e intolerable. En consecuencia, ha iniciado un seguimiento de todos aquellos contratos y acuerdos marco para la impugnación de aquellos en los que se limite la competencia, se discrimine y se perjudiquen los derechos de las agencias de medios y publicidad.
Las agencias aragonesas denunciaron esta situación el pasado verano
Esta misma situación ya fue denunciada hace un tiempo por las agencias de publicidad aragonesas y las de Castilla y León en ExtraDigital. Las primeras mostraron su malestar con la Diputación Provincial de Zaragoza cuando se conocieron las condiciones del acuerdo marco en el que la institución fijaba las condiciones para la compra de espacios en medios de comunicación para insertar las campañas de publicidad de la institución y al que solo pudieron optar medios de comunicación. Entonces, las agencias señalaron que dicho acuerdo marco incluso atentaba contra el principio de igualdad y de libertad de mercado, al dejar fuera del mismo y no permitir participar en él a empresas que, como ellas, tienen como objeto social la realización de los servicios que se sacan a concurso, con la consiguiente indignación por parte del sector. Finalmente, la DPZ adjudicó su publicidad institucional a Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, Radio Zaragoza-Cadena SER, Cope y Onda Cero.
Las quejas de las agencias castellano y leonesas también derivaron de otro acuerdo marco, en este caso el publicado por la Diputación Provincial de Valladolid, institución a la que acusaron de «ningunearlas» a dejarlas fuera del concurso, dirigido únicamente a empresas de medios de comunicación.
