Como decía Don Quijote La libertad es el bien más preciado de las personas. Una sociedad sin libertad se convierte en una máquina mecánica al son de los dictados de los poderes fácticos. Se le podría calificar de zombisociedad, por una apatía producida bien por la falta de información o el ruido ensordecedor de una sobreinformación superflua y narcotizante, que genera en la ciudadanía más hábitos de infoentretenimiento que actitudes críticas hacia el poder. También el pluralismo puede ser ficticio cuando los discursos son los mismos solo que interpretados por diversas voces.
La libertad de expresión, además de ser un bien individual, es también una institución objetiva del estado democrático. La construcción de espacio público requiere un orden que garantice el pluralismo normativo y que asegure el derecho del público a ser informado y no sólo de los receptores a informar o dar su opinión. Aquí reside la función social del periodismo, en garantizar el bien preciado debate de los intereses públicos. El espacio digital ha favorecido lectores sordos, pues escuchan de sus propios discursos ideológicos a través de otros que piensan como ellos. La radicalización es uno de los efectos de esta dinámica en la que todos se autoconvencen de lo que piensan a través de los demás que piensan como ellos.
La comunidad pública exige reconocer cuáles son las tribunas cualificadas desde la que se pronuncian discursos para todos, que se formulan desde el compromiso a buscar la verdad esencial de los hechos y contarlo al público para que participen en igualdad de condiciones de la cosa pública. Ese derecho del público a conocer la verdad cualifica el sentido de la libertad de expresión en su dimensión pública, no las extravagancias del interlocutor. En una decisión sin precedentes, incluso las redes sociales como Twitter y Facebook suspendieron las cuentas del presidente Donald Trump. Pues la libertad de expresión también puede ser asfixiada por las noticias falsas y la manipulación de quienes ostentan el poder.
Por eso es necesario una ciudadanía activa. En este empeño de tutela de un bien tan valioso como la libertad de expresión surge la protección del mensajero encargado de administrar dicho derecho a la ciudadanía: los periodistas.
La tutela de la profesión en los actuales tiempos de crisis se hace más urgente que nunca. Pues debilitar al periodismo es debilitar la libertad de expresión. Las noticias quedan reducidas a productos con aditivos más propios del entretenimiento que de la reflexión y el debate público. En este empeño surgen los colegios profesionales y otras instancias asociativas de la profesión periodística que velan por garantizar la calidad de la información. Para cumplir dicha tarea es también necesario proteger los derechos de quienes se encargan de dicha función.
Estas instancias existen en todos los países democráticos de nuestro entorno. Por eso, con el propósito de compartir experiencias y adoptar medidas comunes contra las patologías de la libertad de expresión se creó la Alianza de Consejos de Prensa Independientes de Europa (La AIPCE)
La figura que hace las veces de un consejo de prensa en nuestra comunidad autónoma de Andalucía es la Comisión de Deontología y Garantías del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, una instancia de autorregulación creada al amparo de la Ley de Creación del Colegio Profesional para velar por el respeto del código deontológico de la profesión, así como para actuar en defensa de los derechos de los periodistas allí donde vean condicionada su ética profesional por presiones de cualquier naturaleza.
Dos son actualmente las comisiones de deontología de España que participan en dicha Alianza de Consejo de Prensa: el Consejo de la Información de Cataluña y la Comisión de Deontología y Garantías de Andalucía. Desde dicha Alianza se promueven acciones contra los denominados discursos del odio, la defensa de colectivos vulnerables frente al tratamiento informativo. Colaboración para adoptar soluciones comunes y ser más eficaz frente a la denominada infodemia. Pues la era digital ha traído consigo más libertad de los usuarios y también más ruido producido por quienes buscan influir en la opinión pública con rumores y noticias falsas.
Los Consejos de Prensa son una garantía de la calidad de la información, pues velan por el cumplimiento de las normas deontológicas resolviendo controversias planteadas por los ciudadanos o emitiendo informes sobre asuntos que afecten al ejercicio de la profesión en relación con los derechos de la ciudadanía. Desde esta discreta función, la Comisión de Deontología y Garantías del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, nos ponemos a disposición de la ciudadanía para velar por una información de calidad.
