- El Observatorio de los Concursos Públicos de Publicidad y Comunicación confirma que 7 de cada 10 convocatorias valoran más el precio que las ideas y propuestas técnicas, y casi la mitad establece un plazo insuficiente para presentar propuestas.
- La ACT, La FEDE y el Col.legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya exigen a la Administración Pública que los concursos faciliten la competencia y valoren más los criterios técnicos
El 71% de los concursos de publicidad de la Administración Pública convocados en 2021 ha valorado el precio por encima de la creatividad, las ideas y las propuestas técnicas de las agencias. Y, además, casi la mitad (el 47%) ha dado menos de tres semanas de plazo para desarrollar y presentar las propuestas. Un tiempo insuficiente para poder realizar o planificar una campaña o las acciones de publicidad requeridas. Estas son dos de las principales conclusiones del Observatorio de los Concursos Públicos de Publicidad y Comunicación, que, en su primer año de actividad, confirma la urgente necesidad de mejorar los procesos de adjudicación de la Administración Pública, el mayor anunciante de España.
De los 453 concursos analizados durante 2021 por el Observatorio (un proyecto de la ACT, La FEDE y el Col•legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya), se ha encontrado, además, que el 93% ha impuesto la vía electrónica como única posibilidad de presentación. Asimismo, el 57% ha exigido a las empresas una elevada facturación sin causa que lo justifique, lo que ha impedido la participación de pequeñas y medianas agencias y empresas, que son un gran porcentaje del sector.
La oferta económica, lo más valorado
Al revisar la evolución de las convocatorias durante 2021, han considerado muy preocupante que más de 7 de cada 10 concursos analizados en el cuarto trimestre han valorado más la oferta económica sobre la técnica (el 71,4% del total, cinco puntos más que en el trimestre anterior). Comparado con el tercer trimestre, también ha sido negativa la tendencia en el porcentaje de concursos que exigen una alta facturación, (el 58,8%, un punto más). No obstante, ha descendido el porcentaje de concursos que dan un plazo de presentación menor de tres semanas (39,5%, doce puntos menos), y los que imponen la vía electrónica de presentación de forma exclusiva (91,6%, tres puntos menos).
Todas las administraciones han incumplido mayoritariamente los criterios del Observatorio en sus convocatorias de concursos. Considerando los cuatro criterios que más se incumplen, el 66,3% de los concursos analizados en 2021 han contravenido más de un criterio. La que más los ha incumplido es la Administración Autonómica, con un índice de incumplimiento del 71,6%. Le ha seguid muy de cerca la Administración Local, con un 70,3%; las empresas públicas, con el 62,3%; y la Administración Estatal, con el 61,1%. Esta última ha sido la que menos concursos ha convocado en 2021, un total de 36.
En palabras de José Carlos Gutiérrez, presidente de La FEDE, «sigue siendo destacable en el análisis realizado en todo este pasado año que tres cuartas partes de los concursos de publicidad analizados se basen solo en precio por encima de las propuestas técnicas y creativas, y que casi la mitad de ellos tengan un plazo inferior a tres semanas para que las agencias preparen, elaboren y realicen las propuestas de campañas y acciones de comunicación”.
Elena Múgica, directora de la ACT, ha señalado que “la adjudicación de concursos públicos es uno de los temas de mayor preocupación para la ACT, y que compartimos de forma expresa con La Fede y el Colegi. Con la creación del Observatorio queremos colaborar con las diferentes administraciones con el objetivo de lograr las mejores prácticas y fijar unos criterios de transparencia en la selección, adjudicación y tramitación de campañas. Los datos anuales obtenidos son realmente significativos, pero queda mucho camino por recorrer y esperamos que el Observatorio sea una herramienta útil que ayude a concienciar a la Administración Pública”.
Para Rosa Romá, decana del Col-legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya, «viendo los resultados del informe, la Administración tiene margen de mejora en los criterios de valoración de sus concursos públicos, en los cuales el factor precio tiene un peso demasiado importante respecto a variables como la creatividad u otros aspectos técnicos. Desde los colectivos profesionales y empresariales del sector los podemos ayudar a valorar los concursos de manera más adecuada».
Incumplimientos generalizados
El Observatorio ha analizado todos los concursos de la Administración Pública que tuvieron un presupuesto superior a 100.000 euros para prestar servicios de publicidad o medios. La práctica totalidad (el 99%) incumplió alguno de los criterios establecidos como mejores prácticas por estas asociaciones, lo que no solo perjudica a las empresas del sector al ver dificultado su trabajo y su libre participación, sino a la propia Administración, pues al limitar la competencia hay menos opciones de poder elegir y seleccionar las mejores propuestas para hacer una comunicación lo más eficaz posible.
El objetivo del Observatorio es mejorar los procesos de selección de agencias y empresas de publicidad de la Administración Pública para que sean lo más justos, transparentes, imparciales y eficaces posible. Los resultados trimestrales del Observatorio se comparten tanto con los medios de comunicación como con las propias administraciones públicas, esperando que se tengan en cuenta para las próximas convocatorias de concursos públicos.
El estudio analiza los pliegos de condiciones y bases de los concursos públicos para establecer si cumplen las mejores prácticas profesionales. De los siete criterios establecidos y consensuados por las asociaciones del sector publicitario para que los concursos públicos sean más transparentes, abiertos y competitivos, cuatro se incumplen de forma reiterada en la mayoría de las convocatorias: se establece la vía electrónica como forma exclusiva para presentarse; dan un plazo inferior a tres semanas para realizar las propuestas; valoran el precio por encima de las propuestas técnicas; y exigen a las empresas participantes una facturación excesivamente alta sobre el presupuesto del concurso.
