En el día después de la aprobación por parte del Parlamento de Andalucía del decreto de “mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva”, el Secretario General de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial, Javier Agustí, concede una entrevista a Extradigital donde valora el impacto de esta norma en el panorama audiovisual andaluz.
Ayer se aprobó en el parlamento andaluz un decreto que según AERC cambia el “status quo” radiofónico en Andalucía. ¿Qué supone para la radio comercial este paso?
Un desastre. Es dar la oportunidad a que por “la puerta de atrás” los Ayuntamientos de Andalucía puedan entregar la gestión de las emisoras municipales públicas a las grandes cadenas sin necesidad de tener estudios, contratar personal, ni nada por el estilo. Sino tranquilamente emitir la señal de la nacional. Y además, con la posibilidad de dar publicidad. Es una clara ilegalidad.
¿Se quiebra el principio para conseguir una licencia de idoneidad técnica, solvencia y capacidad con esta privatización las emisoras municipales?
Cuando las frecuencias del plan radioeléctrico se sacan a concurso los operadores tienen que concurrir a ellas, tienen que demostrar su capacidad, solvencia y profesionalidad, y comprometerse a una programación. Lo aprobado ayer altera todo el ecosistema pues sin inversiones ni requisitos pones a disposición casi 800 licencias en Andalucía. No tiene sentido, ninguno.
Además, no puede ser que en el conjunto del Estado haya más emisoras ilegales que legales funcionando. Vamos a pedir a todos los gobiernos autonómicos y al de la nación, que los clausuren porque vulnera las reglas del juego. No se puede permitir la tolerancia al infractor y menos con inversiones publicitarias. Es peligrosísimo.
¿Qué tipo de medidas van a tomar ante todo esto?
Solicitaremos al Estado que actúe ante este conflicto de competencias. Un gobierno autonómico no puede regular la gestión de las emisoras locales. El Estado tendrá que tomar cartas en un asunto que creemos ilegal y que atenta contra la Ley General de Comunicación. Además, no descartamos irnos a los tribunales.
La vía es pedir mediación y reparo a la Secretaria de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital. Debe frenar esta invasión de competencias. Además, nuestros servicios jurídicos ya están estudiando las medidas a adoptar. No nos consta que haya habido diálogo previo, ni con nosotros ni con el Estado, y tampoco entendemos por qué se ha aprobado esta decisión con un carácter de urgencia que no existe, máxime en este período de excepcionalidad por la crisis sanitaria.
