- Las dos formaciones han presentado dos PNL para frenar las ayudas al medio por «incumplir el contrato» firmado en 2009 y con el fin formar un grupo de trabajo que sirva para mejorar las condiciones de los trabajadores y garantizar su libertad de informar.
- La chispa saltó hace una semana cuando los representantes sindicales de los trabajadores emitieron un comunicado en el que denunciaban la manipulación de la información política y la situación límite por la que pasa la plantilla.
PSOE y Ciudadanos, a través del Grupo Mixto, han presentado dos Proposiciones No de Ley con el fin del crear un grupo de trabajo que ponga solución a la situación que atraviesa actualmente RTVCyL. Hace una semana, los trabajadores de la televisión autonómica del centro de producción del Camino del Cabildo, en Valladolid, emitieron un comunicado, a través de sus representantes sindicales, denunciando la situación precaria en la que trabajaban y la manipulación de la información política.
Esta situación provocó que la plantilla del centro de producción de La 8 Valladolid, en Parquesol, hiciera público otro escrito apoyando a sus compañeros y reafirmando la situación que se denunciaba. Asimismo, dicha situación desencadenó una serie de reacciones en el PSOE y Ciudadanos que ha terminado en dos PNL para someter a debate y votación las medidas que proponen ambos: un nuevo modelo de televisión para RTVCyL.
Por otro lado, la denuncia ha sido apoyada por el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León se ha posicionado al lado de los profesionales del medio y de sus demandas.
¿Qué solicita la PNL?
Así, esto es lo que propone el Partido Socialista, que coincide prácticamente con lo solicitado por Ciudadanos.
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Realizar las actuaciones necesarias para estudiar la revisión de oficio de la Orden FOM/1271/2010, de 23 de agosto, que establece una prórroga de quince años en la duración de la licencia, añadida a la vigencia de quince años de la misma y no contemplada en la Ley 7/2010, de 31 de marzo. General de la Comunicación Audiovisual.
2.- Cesar con carácter inmediato en la financiación a Radio y Televisión de Castilla y León a través de subvenciones o por cualquier otro procedimiento, iniciándose, en su caso, expediente de resolución de la licencia por incumplimiento de los términos del contrato de fecha 2 de marzo de 2009.
3.-Crear un grupo de trabajo con la participación de las formaciones políticas con representación parlamentaria en las Cortes de Castilla y León, que culminará con una comunicación que, en el plazo máximo de dos meses, será remitida por la Junta a las Cortes para su debate, con el fin de garantizar el consenso político y social necesario para la estabilidad de la televisión autonómica.
Dicha comunicación definirá un modelo de televisión autonómica sobre la base del consenso político y social que, respetando los principios de profesionalidad, imparcialidad, objetividad e independencia, con total garantía de los derechos de los trabajadores a quienes asegurará unas condiciones adecuadas en el desarrollo de su trabajo, preste el servicio público amparado por una financiación estable y que:
- Establezca las medidas necesarias para garantizar que la Radio y Televisión de Castilla y León esté al servicio de los intereses públicos, del interés general y de la objetividad de sus contenidos.
- Garantice que la percepción de cualquier tipo de ayuda, esté condicionada tanto al mantenimiento y la calidad del empleo de los trabajadores de dicho medio de comunicación, por considerar que lo contrario afectaría gravemente a la calidad en la prestación del servicio público. A estos efectos se elaborará un Estatuto Profesional de los Trabajadores en la televisión autonómica, que establezca garantías laborales y de independencia en el ejercicio de sus funciones. La asunción de los términos del mismo por la empresa titular de la licencia, será requisito indispensable para la obtención de financiación pública.
- Garantice que los titulares de la licencia, cumplen con las exigencias éticas de conducta empresarial que lo salvaguarde de cualquier sombra de duda referente a corrupción política o empresarial. A estos efectos se deberán reforzar los controles sobre la objetividad, imparcialidad y transparencia del medio, reforzando su control parlamentario.
4.- Adoptar las medidas necesarias para que, en su caso, se garantice la subrogación de la empresa concesionaria en los contratos de la totalidad de la plantilla que actualmente trabaja en Radio Televisión de Castilla y León, de forma que no se produzca interrupción alguna en la prestación del servicio ni en el cobro de sus retribuciones.
El porqué de las Propuestas No de Ley
Como justificación a todos los puntos planteados en la PNL, el PSOE enumera una serie de circunstancias que apoyan la postura tomada. Por un lado, hablan de la cantidad de dinero que recibe RTVCyL y el coste que esto supone; por tanto, se debe «garantizar la transparencia, la eficacia y la salvaguarda del interés general, como en todo gasto público».
Asimismo, aluden a la opción por la que se optó con respecto al contrato de gestión de servicio público para la explotación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de televisión digital terrestre del ámbito de la Comunidad de Castilla y León, con la concesión, conjunta e inseparable, de dos canales de televisión digital terrestre. Precisamente por eso, dicen, por la forma de realizarse la gestión y las condiciones en las que ésta se realiza, «debemos de articular los controles necesarios en orden a garantizar la independencia de los profesionales que prestan sus servicios en este medio, la imparcialidad en su actividad de comunicación, la objetividad, la transparencia, la eficacia, la salvaguarda del interés general, y por ende el respeto al derecho fundamental reconocido en el artículo 20 de la Constitución española, que reconoce y protege el derecho a comunicar y recibir libremente información, así como a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción».
De esta forma, aseguran, «se ha roto el compromiso alcanzado por consenso de dedicar dinero extra a mejorar las condiciones de plantilla hasta el punto de que, lejos de mejorar sus condiciones laborales, se ha procedido al despido de algunos trabajadores».
Ahora habrá que esperar la respuesta de la Junta de Castilla y León y su posición en el debate de las proposiciones presentadas. Esta acción marcará, sin duda, el futuro de los profesionales del medio y de la propia cadena.
