El bloqueo del poder judicial es un síntoma de la polarización del clima político y de cómo éste provoca que no se respete una sola institución del Estado.

¿Quién respeta la imagen de los jueces?. Por Juan Carlos Blanco.

Las tribulaciones sobre el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no llegan al grueso de la opinión pública, más preocupada por asuntos que afectan a su bolsillo y a su salud como el precio de la luz o la campaña de vacunación de la Covid.

Pero hay motivos para incluir este asunto en nuestra lista de preocupaciones. Una cuestión que erosiona la credibilidad del órgano que gobierna uno de los poderes más importantes del Estado y, en consecuencia, hace el juego a quienes sostienen con intenciones poco edificantes que nuestra democracia necesita pasar por el taller. 

Los jueces están en medio del fuego cruzado y perpetuo entre dos partidos con vocación de Estado que demuestran poco sentido de Estado. El PP, por su insólita y rechazable estrategia numantina de bloquear la renovación con excusas endebles y hasta peregrinas.

Y el PSOE, como partido mayoritario de un Gobierno empeñado en limitar las funciones de los magistrados del Poder judicial y en forzar la dimisión de los magistrados ‘progresistas’ y del presidente del CGPJ, un Carlos Lesmes al que dibujan como un juez atrincherado frente al Ejecutivo. 

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Más allá del perjuicio en las actividades propias del Consejo y en su repercusión en el funcionamiento ordinario de la justicia en España, lo que más nos tiene que preocupar es la percepción de que asistimos a una confrontación donde lo que menos importa es el funcionamiento correcto de este organismo, el respeto de su independencia y el prestigio de la institución y donde simplemente se dirime una lucha de poder, una más, en la que unos y otros pugnan para que el gobierno de los jueces sea más favorable a sus intereses y menos al de sus adversarios políticos. 

Dónde queda aquí no ya el respeto a la institución sino su protección frente a quienes horadar su imagen. Si se la ataca desde partidos constitucionalistas y pro-sistema, cómo podemos pretender que no se haga desde quienes desprecian el régimen de derechos y libertades del que nos dotamos con la Constitución del 78. Mal camino llevamos cuando queremos que los jueces se pongan nuestra camiseta de hooligans.

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