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Raquel Fuertes llevará a los tribunales la denegación de su excedencia forzosa para dirigir la CARTV

  • La periodista comparece en las Cortes de Aragón una semana después de verse obligada a dejar la Dirección de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y tener que reincorporarse a su plaza en la Delegación de Gobierno

La periodista Raquel Fuertes llevará a los tribunales la decisión del Ministerio de Política Territorial de denegar la excedencia forzosa solicitada en su plaza laboral, en la Delegación del Gobierno de Aragón, para dirigir la Corporación Aragonesa de Radio Televisión. Así lo ha manifestado durante su comparecencia ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, donde ha detallado la situación provocada por dicha negativa del ministerio y que le ha obligado a renunciar al cargo de directora de la CARTV (para el que fue designada en noviembre de 2023 sin ningún voto en contra) y a reincorporarse en su trabajo anterior.

Fuertes ha explicado que la excedencia forzosa, de cara a poder reincorporarse a su puesto de trabajo una vez finalizase su etapa al frente de la CARTV fue la única “línea roja” que puso en el momento de aceptar el cargo. Y es que, para ella, era “esencial” para poder realizar su trabajo “con absoluta profesionalidad y objetividad”. Asimismo, ha mostrado su «perplejidad» por la denegación, cuando sí que se había concedido a algunos de sus predecesores y a otros directores de televisiones de la FORTA.

Punto de partida erróneo

Además, Fuertes también ha relatado que ella solicitó y cursó la petición de excedencia forzosa por designación de cargo público, al amparo del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, el Ministerio la denegó en virtud del IV Convenio Colectivo único del personal de la Administración General del Estado, que sólo la contempla para cargos públicos electos. “Error. En absoluto he pedido esa excedencia forzosa”, ha recordado la periodista, quien ha incidido en que ella la solicitó al amparo del Estatuto de los Trabajadores, con lo que “el punto de partida de la valoración y posterior resolución es errónea”.

Además, la periodista ha expuesto, como, “y sin haberlo solicitado”, desde el Ministerio remiten otra solicitud en la que se suspende el contrato de trabajo, “algo que no había pedido”, y que no reserva el puesto en la Delegación. “Se indica que la reincorporación se realizará a un puesto del mismo grupo o familia profesional. En Aragón, solo existe una plaza de periodista del Estado. Como no se reserva, se me indica que se creará otra, pero no cuándo ni cómo, y mientras quedo en situación de suspensión, sin derecho a cotización ni salario”, ha sostenido.

En este sentido, Fuertes ha asegurado que “si me garantizasen mi puesto de trabajo, al cual accedí por oposición, volvería mañana la CARTV”. Sin embargo, ha añadido, ante la “limitación de derechos, no tengo otra opción que acudir a los tribunales. Algo que jamás hubiera pensado ni hubiera querido”, ha finalizado.

Situación incongruente e injusta

En la comisión también ha comparecido el presidente del Consejo de Administración de la CARTV, Antonio Suárez, quien ha lamentado la “incongruencia” e “injusticia” de la situación. Además, ha considerado que en este caso “se han producido muchas irregularidades”. Aunque ha evitado hacer calificaciones, ha asegurado que la CARTV, “una vez que se resuelva por la jurisdicción social el tema de Raquel Fuertes estudiará la posibilidad de ejercer otro tipo de acciones judiciales, entre otras la indemnización por daños y perjuicios”.

Por su parte, los portavoces parlamentarios han mostrado su apoyo a Fuertes. Desde el Partido Popular, María Navarro ha recordado que la Comisión Institucional “tiene que defender los derechos de todos los trabajadores”, y ha cuestionado la futura designación de directores generales “si se mantienen estos impedimentos”. Desde el Partido Socialista, Daniel Alastuey -quien ha lamentado la «interpretación política» que a su juicio se ha intentado hacer con este caso- ha expuesto que este asunto “implica un plano personal, institucional y político”, al tiempo que ha recordado que “en su situación se encuentran muchos empleados públicos de otras administraciones”. El diputado David Arranz (Vox) ha apuntado que esta situación supone “un agravio comparativo”, ya que a otros profesionales se le ha concedido esa excedencia forzosa y ha recordado que “el Estatuto de los Trabajadores la ampara”.

Por su parte, José Luis Soro, desde Chunta Aragonesista, ha valorado la exposición “objetiva” de la compareciente y ha reiterado que “es la mejor para el puesto de directora general”, al tiempo que ha deseado “que vuelva pronto al cargo”. La diputada Pilar Buj (A-T Existe) ha asegurado que “los derechos laborales están presentes” al tiempo que ha entendido “que acuda a los tribunales” para solventar el problema.

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