La actividad del Colegio de Periodistas de Andalucía es frenética, su defensa por la profesión periodística constante. Simplemente acudan a su página web para contrastar esta afirmación. Al frente como Decana está Eva Navarrete, una periodista que vive y se desvive por el reconocimiento del papel del periodismo en la sociedad y el trabajo digno de los profesionales. En esta entrevista se abordan muchos asuntos que afectan al periodista y su contexto laboral.
En los últimos meses se han tomado decisiones como la subida del SMI, el control horario o la tarifa plana de autónomos a 24 meses, ¿Cómo cree que afectará a la profesión periodística?
Teniendo en cuenta que según el último informe de la profesión periodística el número de trabajadores autónomos, tanto los que tienen una relación con los medios como los que se dedican al asesoramiento en comunicación, es bastante elevado, la tarifa plana para autónomos durante 24 meses que se está tramitando en Andalucía parece una medida que puede favorecer el crecimiento y el sostenimiento de proyectos emprendedores. Hablamos de 60 euros mensuales, frente a los 283 euros a los que tenían que hacer frente.
Sobre la subida del SMI, una buena noticia también; los periodistas y comunicadores somos también trabajadores, que nos regimos por la misma legislación básica que el resto de profesionales y los propios convenios colectivos. El problema es el peso poco relevante de la negociación colectiva y por tanto los escasos márgenes de mejora de las condiciones laborales cuando la representación está muy atomizada o es casi nula y cuando la figura del falso autónomo impera como modelo preferente. El último anuncio en materia laboral, que tanto ha dado que hablar, el registro del control horario, recordemos que tiene como finalidad proteger al trabajador, impedir el abuso horario y la realización de horas extraordinarias por encima de lo pactado o legalmente establecido. Otra cosa es cómo se lleve eso a la práctica. Algunas empresas periodísticas parece que aún no saben cómo implantarlo, a pesar de que la medida lleva más de dos meses en la calle; y lo ven como una amenaza o una dificultad. Yo creo que simplemente hay que aplicar la lógica y que las medidas se adopten de forma negociada, de manera que si un periodista tiene una jornada anualizada y pactada su distribución, se encuentren soluciones para que no se comentan abusos por parte de la empresa y tampoco por los trabajadores.
Parece resurgir “brotes verdes” en el sector de las empresas informativas que después de mucho tiempo está dando números positivos, como es el caso de Vocento. ¿Esta mejoría baja “a pie de redacción”?
Pues no tengo datos globales pero si nos fijamos en Andalucía, por ejemplo en el ABC de Sevilla, el convenio colectivo vigente es de 2016 y, o mucho me equivoco o tiene el sueldo prácticamente congelado hasta el final de su vigencia a pesar de que es inferior, hablo de salario base anual, para los mismos grupos profesionales. Es cierto que a cambio acaban de negociar y publicar un Plan de Igualdad, que tienen que implantar y desarrollar. ¿Qué quiero decir con esto? pues que, en ocasiones, cuando uno no puede mejorar en salario igual puede mejorar en otros aspectos que compensan, “salario emocional” que llaman algunos, aunque con esto no se paga la hipoteca. Aún así, hace unos meses tuve ocasión de reunirme con su director, y me explicaba que, tras el último gran ERE en el que salieron muchos profesionales con sueldos más decentes y mejores condiciones, las de ahora no son ni mucho menos las condiciones de antes de la crisis. Lo que sí espero es que ahora este y otros diarios empiezan a equilibrar la balanza de los ingresos por publicidad en soporte digital, esto redunde en las condiciones de los empleados y las empleadas.
El ‘pago por contenidos’ es una realidad imparable, y se ‘alzan’ con el marchamo de calidad del periodismo hecho por periodistas, ¿Una estrategia empresarial o un espaldarazo al periodista?
Lo que no termino de entender es cómo no se ha hecho antes: si pagamos por televisión o por música, ¿por qué no por información? Ya lo hacíamos cuando íbamos a comprar el periódico en papel. Pagamos por televisión o música porque queremos seleccionar los contenidos que vemos u oímos y no queremos esperar a que nos sirvan lo que a la plataforma o la empresa les interese. Pues igual ha de suceder con la información. Habrá público que continúe aceptando que les vendan información por decirlo de algún modo, “a bajo coste”, y habrá quien esté dispuesto a pagar por seleccionar. Yo creo que el problema está en que las empresas periodísticas no han entendido algunas cosas que estaban sucediendo, a la velocidad a la que ahora sucede todo, y que se han visto arrolladas por un fenómeno que nos está costando revertir: cuando los principales diarios comenzaron con las ediciones digitales, sucedieron varias cosas: una, se pensó que se podía ofrecer un producto mejor, más completo, más actualizado, con mayor capacidad de penetración y de alcance e impacto que el papel, con menos trabajadores y peor pagados. A eso, le sumamos que muchos medios, la mayoría, regaló la publicidad digital, y las tarifas, durante mucho tiempo fueron ridículas frente al papel. Para mí sería un error que esta decisión del pago por contenidos no fuera generalizada. No olvidemos que nuestro compañero inseparable, para bien o para mal, y a día de hoy, es el teléfono móvil, con sus ventajas y sus inconvenientes. En cualquier caso, me gusta más la idea de proteger un bien tan valioso como es el de la información, sin poner en riesgo la independencia y las libertades. Para mí, la lucha contra la desinformación ha de librarse en las redacciones, en las facultades y en las escuelas. Porque todos somos responsables de tener hoy un buen o un mal periodismo. A partir de ahí, me da igual que sea una estrategia empresarial, las empresas periodísticas son justamente eso, empresas. Lo que es importante es saber de dónde obtienen sus ingresos, es decir, medios transparentes y con información trazable para que la ciudadanía lo tenga claro.
Además de los números, también está el contexto donde se desenvuelve la actividad. ¿No le sorprende que en un país como España ocupe el puesto 31 en el ranking de Libertad de Expresión que ordena Reporteros Sin Fronteras? Llega a advertir un cierto odio al periodismo y al periodista…
El contexto es obviamente importante: no es lo mismo hablar de los retos del periodismo en países como México, donde literalmente te juegas la vida; a hablar de periodismo en España: la conocida ley mordaza y algunas actuaciones judiciales y policiales, como por ejemplo el caso de Diario de Mallorca, ponen en riesgo la profesión. Amenazas a través de la redes sociales gracias a la impunidad que da el anonimato de los perfiles digitales, o la irrupción de determinadas fuerzas políticas que atacan y desprecian el trabajo de los profesionales en el más puro estilo de Trump, y que incluso amenazan los medios públicos, son sin duda todos estos elementos los que habrán contribuido a posicionarnos en este puesto.
Ahora también se pone en duda el derecho al secreto profesional .
Bueno, aquí entramos en el debate de la regulación o la no regulación de esta profesión. En un escenario en que la figura del periodista se cuestiona, donde el profesional parece haber perdido su identidad y su posición en la sociedad, es difícil establecer quién, cómo y cuándo, bajo qué condiciones, uno puede ampararse en el secreto profesional. El debate eterno entre la regulación o la no regulación de la profesión debe abordarse cuanto antes. El estatuto del periodista es para nosotros, la Red de Colegios de Periodistas, una de las demandas que hemos trasladado a los grupos políticos; la representación por la vía de la creación de un Consejo General de Colegios Profesionales de Periodistas es otra; y ello nos permitiría participar de la ordenación de la profesión, sin temer que a golpe de instrucción, de ley o de sentencia se nos vayan marcando límites; y en este escenario es en el que habría que abordar la regulación del secreto profesional.
Y en Andalucía, ¿Cuál es la situación? ¿Se ponen medios contra el intrusismo laboral?
Volvemos a la desregularización. Cuando hablamos de intrusismo ¿a qué nos estamos refiriendo?. No existe reserva de ley para el ejercicio profesional y por tanto, resulta complicado demostrar que existe intrusismo. Los Colegios lo tenemos claro: la titulación es requisito para ejercer esta profesión. Y esto no es un límite al ejercicio del derecho a la información o a la libertad de expresión: eso se pensó para cuando el poder de divulgación a través de los medios estaba concentrado en manos de los propietarios de medios, de los editores; hoy cualquiera con un móvil puede informar, desinformar, expresarse libremente; por tanto no es una amenaza ni un riesgo, sino, a mi modo de ver, una garantía. Hay empresas informativas que sólo contratan persona tituladas en periodismo o comunicación; pero por desgracia no es lo habitual. Nosotros, los Colegios, reclamamos a las administraciones, primero, que exijan la titulación para el ejercicio de las funciones periodísticas o informativas, y que esto se haga extensivo a las empresas que reciben ingresos por la vía de la publicidad institucional. Empecemos por aquí y sigamos porque esto mismo se aplique a los medios públicos y luego al ámbito privado.
Las ruedas de prensa o convocatorias sin posibilidad de realizar preguntas, ¿Es generalizada en Andalucía?
No me consta que sea la tónica general pero es cierto que se han producido casos en los que se convoca a los medios a una rueda de prensa y en realidad no es más que una declaración. Primero, hay que ser honestos por parte de los gabinetes que convocan; luego el profesional decidirá si va o no. Segundo, no parece lo más recomendable desde el punto de vista de la salud de nuestra democracia y cuando se hace desde instituciones afectadas por la Ley de Transparencia desde luego esa actitud queda muy lejos de los principios que definen esta norma y los principios de gobierno de abierto.
¿Por qué no termina de resolverse en las administraciones públicas las RPT para periodistas o técnicas de comunicación? ¿No hay hueco para profesionales en la función pública en un contexto donde la gestión profesional de la comunicación es imprescindible como servicio público?
Parece que no interesa. Sólo conocemos el caso de las diputaciones, en las que sí existen estos puestos; pero en el caso de la Junta de Andalucía, la figura, a pesar de estar definida en el Convenio del personal laboral de la administración, no se ha incorporado en ninguna Relación de puestos de trabajo ni tampoco en los catálogos de puestos del sector instrumental. Sin embargo, todos conocemos periodistas y comunicadores en cada entidad y en cada centro directivo que realiza funciones más allá del asesoramiento político. Ahí es donde nosotros exigimos una respuesta de los ayuntamientos y de la Junta de Andalucía. La figura del técnico de comunicación debe ser incorporada y cuanto antes para poner fin a prácticas que en nada ayudan a dar credibilidad al servicio público: se desconfía del periodista que es contratado por una administración, se cuestiona su profesionalidad y se asocia a un determinado partido o ideología de forma que una vez que es cesado o despedido, le resulta muy complicado quitarse esa etiqueta y volver a trabajar salvo para la misma fuerza política. Los gobiernos, los responsables de las administraciones deben asumir que la comunicación y la son un servicio público a la ciudadanía, y garantizar su estabilidad mediante la creación de los puestos y las convocatorias públicas, es la única forma de garantizar un ejercicio independiente que se debe a la ciudadanía. Eso es lo que defendemos en el Compromiso público por el empleo y la profesión periodística.
¿Cuántos Ayuntamientos de grandes capitales y Diputaciones han firmado el ‘El compromiso por el empleo y la profesión periodística’?
Cuatro de las ocho diputaciones provinciales, Cádiz, Jaén, Granada y Huelva, estando pendiente de elevarse a pleno en Sevilla; y por el momento ocho grandes ayuntamientos como Jerez o Jaén que ya lo han asumido. El proceso es lento porque es un trabajo que hay que realizar ayuntamiento por ayuntamiento, reuniéndose con cada grupo para explicarles en qué consiste y que se eleve a pleno. Pero esperamos que en el momento que el Parlamento dé el paso y los grupos lo respalden el camino se allane, pues carecería de sentido que no sucediera de manera natural en los ayuntamientos.
Por último, ¿Cómo marcha la ventanilla única y el Registro Digital de Medios Digitales de Andalucía?
La Ventanilla Única es un requisito que estaba previsto en nuestros estatutos y que por fin hemos puesto en marcha para facilitar las relaciones con la ciudadanía y nuestros colegiados y colegiadas. Otro más de los mandatos que se recogen en los estatutos y que poco a poco vamos incorporando, al igual que la Comisión de Deontología, la Carta de Servicios o el cumplimiento de la normativa que nos afecta en materia de transparencia. Todo esto marca la diferencia entre una corporación de derecho público y una privada. En cuanto al Registro, estamos muy contentos con cómo está funcionando. Por el momento, tenemos registradas 18 cabeceras y apenas hemos dado publicidad. Hemos dado un año para afinar algunos temas técnicos, relacionados también con la marca, e incluso se han incorporado modificaciones en los criterios, fruto de este año de experiencia. Los colegios de Galicia y Castilla y León están estudiando también su puesta en marcha y creo que será una muy buena herramienta al servicio de la ciudadanía para reconocer y diferenciar un medio digital periodístico de otros productos que hay en Internet.
