Más de trescientos mil euros si le sumamos lo que deberán pagar a su acompañante, una amiga de la infancia. Es el montante que la sociedad Diegus S.L. tendrá que abonar a Mariló Montero. Por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar de la informadora. La empresa es participada por los conocidos Gustavo González y Diego Arrabal.
Una indemnización de 265.000 euros por unas fotografías tomadas en unas vacaciones en Bora Bora. Por ser víctima de una persucución «con la finalidad de captar sin autorización la imagen de la periodista en momentos vacacionales, de su estricta esfera privada y carentes del más mínimo interés público, para su venta a medios de comunicación».
Una vez conocido el fallo, Mariló Montero ha expresado a esta publicación que «es muy duro pero recomiendo que quienes vean violados sus derechos constitucionales y humanos lo denuncien. Y que la mantengan la fuerza, constancia, serenidad para , con buenos abogados. Que sepan que no se debe tolerar las persecuciones irracionales por ganar dinero».
Asevera que «he defendido mi honor, mi intimidad a mi familia que eramos acosados y sometidos a presiones infernales. Mi vida íntima no es de interés público».
Sin efecto las medidas cautelares
En la sentencia queda probado que la Agencia Diegus S.L. contrató a unos paparazzis para que se desplazasen las Islas con el fin de localizar a Mariló Montero en alta mar. Una vez allí registraron sin conocimiento ni consentimiento a la periodista en bikini, tomando el sol o en compañía de sus hijos en la cubierta del barco.
Y todo ello a pesar de que se dictaron medidas cautelares por parte de Mariló Montero, para evitar la publicación del reportaje. La propia resolución reconoce que no impidió que los medios de comunicación y el público en general se hicieran eco de la existencia misma de las imágenes captadas.
